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Benvidas ao club
Carmen PG Granxeiro (España, 2018) [28 min]


(página oficial)

[del comité de RbM] El mayor caso destapado de esclavismo prostitucional en España, en clubes de alterne gallegos.

En vimeo, la autora escribió:Este es un viaje al infierno donde cientos de mujeres son víctimas de la corrupción y de la violencia, un viaje salpicado por las drogas y que tiene lugar a nuestro lado. La operación Carioca es la mayor investigación contra la trata dada en España.

Fran Pérez, en "La Fiscalía del caso Carioca consuma la exculpación de Ramón, el policía proxeneta", en El Salto, el 3 de noviembre de 2019, escribió:Un clima “de presión, sometimiento, miedo, intimidación y terror” es lo que describen las mujeres que ejercieron como prostitutas en los clubes Queens (Lugo) y La Colina (Outeiro de Rei) durante jornadas de hasta 14 horas, según el auto que concluía la instrucción de la pieza del caso Carioca que juzga los hechos acontecidos en estos prostíbulos. José Manuel García Adán, gerente de los locales, trataba a las mujeres insultándolas, humillándolas, amenazándolas hasta el punto de encañonarlas con su pistola y agrediéndolas brutalmente, arrastrándolas de los pelos, a patadas o a puñetazos. Un día, declaró una de ellas, “Adán lanzó un cuchillo desde la puerta de entrada al salón hasta la puerta del baño, donde quedó clavado pasándole el cuchillo como a 4 cm de la cabeza”.

En el escrito de la Fiscalía se identifica hasta un total de 54 mujeres, mayoritariamente extranjeras, que serían víctimas de prostitución coactiva en estas condiciones “de extraordinaria dureza”. Habrían estado controladas por Adán y su encargado José Manuel Pulleiro Núñez bajo un sistema de contracción de deuda y multas, obligadas a pagar “aunque no viviesen en los clubes, o no fuesen a trabajar, por motivos personales o de enfermedad, viéndose incluso obligadas a trabajar cuando estaban con la menstruación, ya que solo tenían dos o tres días de descanso para eso, llegando algunas de ellas a colocarse esponjas vaginales que se vendían en los propios establecimientos”. De estas 54 mujeres, 27 habrían sido captadas de Brasil por la organización de la que formaban parte Pulleiro y su ex pareja G.P.S., que actuaría como captadora.

Además, dos mujeres en situación irregular habrían ejercido labores de cocina y limpieza bajo condiciones impuestas por Adán, sin seguro médico, ni “un solo día de descanso, trabajando un número excesivo de horas, con disponibilidad las 24 horas del día”. Una de ellas sufrió una intoxicación con productos químicos de limpieza, ante lo que interpuso una denuncia. Ambas fueron amenazadas de muerte por Adán si no la retiraban, algo a lo que acabaron accediendo a cambio de una indemnización, tras ser perseguidas por dos altos mandos de la Guardia Civil amigos de Adán con intención de deportarlas.

La Fiscalía solicita apertura de juicio oral exclusivamente contra Adán, Pulleiro y G.P.S., pero de la investigación judicial no se desprende, ni mucho menos, que actuasen de forma aislada, sino más bien que agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil formaban parte de la trama [...]

Otras referencias
- Fran Pérez: "La Fiscalía del caso Carioca consuma la exculpación de Ramón, el policía proxeneta", en El Salto, el 3 de noviembre de 2019.
- Fran Pérez: "Un cabo de la Guardia Civil de Lugo habría regalado servicios de prostitución al alcalde de Siguero y a otros socios de la empresa de su hijo", en El Salto, el 21 de mayo de 2019.
- Fran Pérez: "Caso Carioca: «Si no follaba con él, me deportaba»", en El Salto, el 26 de diciembre de 2019.
- Violeta Assiego: "El extraño silencio en torno a los clubes de carretera", en El Diario.es, el 26 de febrero de 2020.

Formato: Cortometraje.
Producción: Carmen PG Granxeiro, Nery Díaz, Amaia Santamarta.

• Ana Barba Núñez.
• Pilar de Lara Cifuentes.
• Juan Jesús Ruiz Reina.
• Gerardo Pardo de Vera.
• Sonia Vizoso.
• Carmen G. Magdaleno.

- 22 Festival de Málaga, Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de las Mujeres.
- XVI Festival de Cans - Sección Ultravioleta.
- VI Festival Cortometrajes Diputación de Jaén contra la violencia de género.

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Subtítulos: incluidos en inglés

En "La fiscalía exculpa a los policías implicados en la 'Operación Carioca'", en Kamchatka, el 5 de noviembre de 2019, se escribió:

Hace más de 10 años, en octubre de 2009, la juez Pilar de Lara ordenaba la detención de una veintena de personas. Comenzaba así la bautizada como "Operación Carioca", una red de prostitución y corrupción que actuaba en Lugo y que se convertiría en el mayor caso de esclavitud sexual destapado hasta la fecha en España.

En los burdeles Queens, Eros y Volvoreta, ubicados en la ciudad de Lugo, y La Colina, en Outeiro de Rei, se había impuesto un régimen del terror, con mujeres prostituidas obligadas a ejercer durante 14 horas diarias, incluso con la menstruación, y un sistema de multas mediante el cual los proxenetas engrosaban constantemente el montante de "la deuda" que debían pagar para conseguir su libertad.

Al frente de todo se encontraba José Manuel García Adán, gerente de los locales, y su ex pareja, identificada con las siglas G.P.S y responsable de la captación de las 54 mujeres, extranjeras en su mayoría. Las víctimas estaban bajo la supervisión directa de José Manuel Pulleiro Núñez, encargado de los establecimientos y señalado por la jueza como el "brazo ejecutor" de García Adán. La fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral únicamente para estos tres acusados, a pesar de que de la investigación se desprende que tejieron una red corrupta con policías y guardias civiles que actuaban como protectores de los proxenetas.


Policías implicados

Es el caso del inspector de la Policía Local José Ramón Vázquez Río, asiduo a los locales, hasta el punto de que las mujeres trataban con él asuntos más propios de un jefe que de un cliente. El agente no pagaba las copas, tenía sexo gratis cuando lo deseaba y accedía a los establecimientos por una puerta reservada al personal.

Un ex empleado testificó que controlaba el libro donde se anotaban el número de "servicios" que se hacían cada noche y una mujer le señaló como el hombre con el que “tuve que hablar para empezar a trabajar". Asimismo, numerosos testigos aseguran haberle visto acceder al comedor, la cocina, la recepción e incluso al despacho de García Adán. Además, el inspector era el propietario de Rivamar Lugo, una inmobiliaria cuya única activa comercial resultó ser el alquiler de la parcela del burdel 'Queens'. Vázquez Río subarriendó el terreno a García Adán por el mismo precio que él pagaba al propietario, es decir, no obtenía ni un solo euro de beneficio por la operación.

A pesar de las muchas pruebas que apuntan a una implicación directa, la fiscalía esgrime que son "meros indicios" y que no hay material suficiente para sustentar una relación comercial con los imputados.

Sorprendentemente el escrito del ministerio fiscal apoya cada una de las líneas de defensa de los abogados de Vázquez Río, incluso en los términos que más claramente quedaron dilucidados durante el proceso de instrucción. Así pues reconoce que "tomaba copas y hacía uso de los servicios sexuales", pero esgrime que "lo hacía como particular y no haciendo uso de su condición de policía local".

Esto contraviene frontalmente las declaraciones de los testigos, que aseguran haberle visto uniformado, con el arma reglamentaria y llegando al club en un vehículo policial. El periódico El Salto recoge las palabras de una de las mujeres prostituidas: "Nada más conocerle ya te enseñaba la placa", y recuerda alguna de sus frases: "Soy policía y nunca pago las copas".

El grado de implicación de Vázquez Río era tal que llegó a tramitar las licencias y las multas de los locales e incluso intentó evitar la detención de García Adán cuando agentes de la Brigada de Extranjería acudieron en su arresto.

Ni siquiera tendrá que hacer frente al delito de omisión de perseguir delitos, a pesar de que varias mujeres afirman que se "encargaba de probar a las chicas nuevas". Además, los testigos refieren que entre sus funciones también estaba la de acudir a recoger a las víctimas que llegaban al aeropuerto para trasladarlas a los clubes donde de inmediato eran obligadas a mantener sexo con los clientes.

Vázquez Río no es el único miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se ha visto beneficiado por el trato indolente de la fiscalía. Francisco Javier Fernández Becerra es agente de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Barajas y los investigadores le atribuyen un delito de falsificación de pasaportes para permitir la entrada en el país de las mujeres explotadas por García Adán.

La fiscalía argumenta que no existe un registro oficial donde quede acreditado los horarios y la cabina en la que Fernández Becerra ejercía su trabajo y por tanto "no es posible sostener" su participación en los hechos delictivos.

De nuevo, se obvian indicios de sobrada contundencia, como el testimonio de la ex pareja de García Adán, que le señaló en una identificación fotográfica como una de los colaboradores de la trama, o los numerosos encuentros que mantuvo con el cabecilla de la organización y su lugarteniente, probados con un registro telefónico de más de 60 llamadas entre las tres partes.

El ministerio fiscal tampoco atiende a una prueba que la magistrada del caso considera suficiente para la apertura de juicio oral: los investigadores encontraron en su taquilla del aeropuerto un papel con los nombres de tres mujeres y el número de sus vuelos. Tras su llegada a España, las tres comenzaron a ejercer en los locales de García Adán.

Las pesquisas también se han centrado en la figura de un cabo de la Guardia Civil que proponía a las víctimas contraer matrimonio de conveniencia para evitar ser deportadas. Según la investigación, el agente mantenía un contacto frecuente con un subinspector de extranjería de la Policía Nacional, que haría las labores de asesoramiento para solucionar los inconvenientes con los pasaportes: "Entre ambos se prestan favores que trascienden del cumplimiento de sus obligaciones profesionales", recoge la Guardia Civil en su informe. Uno de los testigos protegidos identificó al subinspector como un cliente habitual del club 'Volvoreta', donde "se acostaba con chicas y nunca pagaba".

Otro de los uniformados implicados que tampoco tendrá que rendir cuentas ante la justicia es el conocido con el sobrenombre de "Manolo el Coletas". Una de las ex parejas de García Adán le identificó y varios testigos le señalan como un cliente asiduo de los locales. Se trataría de un agente de la policía local, cuya identidad no ha trascendido públicamente, y que actuaría como suministrador de la munición encontrada a García Adán en los registros efectuados por los investigadores.

La fiscalía, por contra, argumenta que solo ha quedado atestiguada una "relación de amistad" entre el policía y el proxeneta, y que en el hipotético caso de que resultara probado el tráfico de armamento, esto solo supondría una sanción administrativa sin consecuencia penales.


La complicidad del Ayuntamiento y la Xunta

La exculpación de los agentes salpicados en la trama ha necesitado del trato displicente del ministerio fiscal, pero no hubiera sido posible sin la complicidad de las administraciones públicas que han hecho gala de una dejadez de funciones inexplicable teniendo en cuenta la gravedad de la sucedido.

Tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Lugo han decidido no tomar partido en el asunto, a pesar de los insistentes reclamos de organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición. "Instamos al Concello de Lugo y a la Xunta de Galicia para que ejerzan sus responsabilidades como administraciones públicas y se personen como acusación popular en la causa para defender los derechos de las mujeres y las menores víctimas de la explotación", reclama Raquel Bernárdez, responsable del Área de la Mujer de Esquerda Unida.

La petición llevada al pleno del Ayuntamiento para empujar al consistorio a tomar acciones legales fue rechazada con los votos del PP y PSOE. El portavoz socialista rebatió que "el ejercicio de la acción penal está garantizado por la fiscalía" y añadió que personarse en la causa supondría "un esfuerzo tremendo de medios humanos y materiales".

Así las cosas, la operación contra la explotación sexual más importante de la historia de España, que comenzó con un volúmen de imputados superior a la media docena, se saldará con solo tres personas sentadas en el banquillo de los acusados.