RebeldeMule

El golazo de la SGAE
Ignacio Escolar
http://www.estrelladigital.es/ED/diario/270814.asp

Los hay que están, literalmente, brindando con champán. El lunes por la noche, en un restaurante de Madrid, un alto ejecutivo de La Coalición de Creadores -un lobby contra la piratería que agrupa, entre otros, a la SGAE y las discográficas- presumía de haber metido "un gol al Gobierno": colar en anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible una enmienda que permitirá cerrar páginas web que supuestamente violen la propiedad intelectual sin necesidad de ese engorroso trámite llamado juicio. La anécdota de la cena la cuenta César Calderón en su blog, y no es un cualquiera. Calderón es uno de los principales asesores del PSOE en temas de internet, uno de los muchos socialistas del Gobierno y de Ferraz que el martes se desayunaron, cabreados, con el penalty de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Pero antes de seguir con la interna del PSOE, algunas explicaciones técnicas, que el tema se las trae.

¿En qué consiste esta espinosa reforma legal que tanto ha enfadado a muchos internautas? Básicamente, lo que hace es permitir que sea el Ministerio de Cultura, en lugar de un juez, quien tenga autoridad para cerrar una página web por incumplir la legislación sobre la propiedad intelectual. Hasta ahora, si la SGAE pretendía bloquear una de las muchas páginas donde se clasifican enlaces a descargas de música o películas, tenía que hacerlo por medio de una orden judicial. Y los jueces españoles, por el momento, estaban absolviendo a este tipo de webs por entender que no incumplen la ley, ya que sólo proporcionan información sobre dónde encontrar el archivo pirata, y no el archivo pirata en sí. Por llevarlo a la calle, donde los ejemplos son más fáciles de entender: es como si acusasen de piratería al vecino que te dice dónde se ponen los del top manta.

Como la justicia era un problema, Ángeles González Sinde ha decidido saltarse las siempre molestas garantías del Estado de Derecho. El Ejecutivo no sólo se ocupa de promover las leyes y de hacerlas cumplir, también será quien castigue a los supuestos infractores. Si esta reforma legal sale adelante, en lugar de que sea un juez quien sentencie si hay que cerrar o no una página web cuando existe una denuncia de piratería, lo hará una comisión nombrada por el propio Ministerio de Cultura. Esa comisión, que según González Sinde estará formada por "expertos" (ja) "independientes" (ja, ja, ja), no sólo decidirá los cierres. También podrá imponer sanciones administrativas, e incluso tendrá potestad para solicitar a los proveedores de acceso a internet que identifiquen al dueño de la página pirata, un dato que de nuevo sólo debería poder solicitar un juez. Será una comisión tres en uno: juez, fiscal y policía. Es lo bueno que tiene cargarse el Estado de Derecho: al menos ahorras.

La legislación vigente, desde que llegó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ya permitía que la Administración ordenase el cierre de una web sin esperar a que opinase el juez, aunque sólo en casos excepcionales, urgentes y muy graves. La reforma amplía esta puerta falsa para convertirla en el portón principal: las entidades de gestión de derechos de autor, que no han encontrado en los jueces el respaldo que esperaban, a pesar de su ingente nómina de abogados, tendrían así un árbitro mucho más proclive a sus intereses.

La reforma ha sido toda una sorpresa: no se había dicho ni una sola palabra sobre ella en ninguno de los numerosos actos con los que el PSOE, el Gobierno y el propio presidente habían adelantado los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, un ley ómnibus a la que sólo le falta salir a comprar el pan y hacer la colada. De hecho, las operadoras de telefonía -directas afectadas por el plan- no sabían nada de ella hasta que lo contó la prensa el martes. Pero la decisión también pilló en fuera de juego a muchos diputados, y a varios altos cargos del Gobierno directamente implicados en el desarrollo de internet.

Los que sí sabían que el balón había cruzado la portería eran los del lobby antipiratería. El martes, a la vez que la polémica por la nueva reforma encendía la red, varios artistas se manifestaban frente al Ministerio de Industria. La elección de la fecha no es casual, y pretende parar la presión en internet -que se ha movilizado contra la reforma- para que así el Gobierno, atrapado entre dos fuegos, no anule el tanto. "La reforma no va a salir", confían aún en el PSOE los que no comulgan con las tesis de la SGAE. "Es lo bastante laxa para que luego, en el trámite parlamentario, se rebaje", explica un miembro del Gobierno. Y será ahí, en el Parlamento, donde probablemente este abuso se recorte: el PSOE tendrá difícil encontrar aliados para una ley así. Y ojalá sea así, pero sin duda queda mucho partido por delante.

El Gobierno recula: "No se cerrará ninguna web ni ningún blog"
Tras la reunión de Cultura con internautas y las declaraciones del ministro de Justicia, el presidente de Gobierno asegura que se ha malinterpretado el anteproyecto
http://www.publico.es/ciencias/275279/z ... /web/blogs

Apenas 36 horas ha tardado el Gobierno en dar marcha atrás a la reforma anunciada en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que pretendía que Cultura tuviera la capacidad de clausurar, sin autorización judicial previa, páginas webs que vulneraran los derechos de autor.

"No se va a cerrar nada en la Red. Ninguna página web ni ningún blog", ha aclarado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha señalado que siempre "prevalecerá la libertad de expresión, pero eso no nos aleja, ni puede permitir que la sociedad se esconda frente a un tema que tenemos pendiente, que es la protección de la propiedad intelectual". "Si no, nos quedaremos sin creación intelectual", ha aventurado.

El presidente del Gobierno, no obstante, ha tratado de restar relevancia a la marcha atrás al atribuir el revuelo montado estos en días en la Red a que se ha malinterpretado lo que reflejaba el anteproyecto de ley de Economía Sostenible. "Si se ha entendido que hay alguna posibilidad de cerrar alguno de los espacios que están en la Red, ya digo que no bajo ningún concepto", ha asegurado.

Todo ello no evita que la polémica en torno a los derechos deba acometerse con premura: "Es una cuestión pendiente y hay que articular una solución pronto", ha subrayado para agregar: "Todo el mundo puede entender que quien crea en cualquier ámbito o manifestación artística tiene unos derechos. Si no, sería imposible que hubiera gente creando y haciendo progresar a un país, a todos y cada uno de nosotros",

Al término de la rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que "siempre ha habido control judicial y siempre lo va a haber", reforzando la garantía de que cualquier medida deberá ser tomada por un juez.

La 'presión' de los internautas
El cambio del Gobierno se produce pocas horas después de que varios miembros del gabinete del ministerio de Cultura y la propia ministra, Ángeles González-Sinde, hayan participado en una reunión junto a especialistas en Internet y blogueros para encontrar puntos de acuerdo.

Pese a que la ministra de Cultura ha salido satisfecha de la cita, los internautas se han quejado de los nulos avances en la modificación del ante proyecto de Ley.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguraba por la tarde que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un control judicial, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones.

Internet divide a la música
Polémica. Vetusta Morla, Tote King y Carmen París, con los internautas
http://www.publico.es/culturas/275645/i ... ide/musica

JESÚS MIGUEL MARCOS - MADRID - 05/12/2009 08:00

Pocas semanas de los últimos años han sido tan intensas como esta para el mundo de la música. El pasado martes se produjo una curiosa concidencia: por un lado, el sector exigía ante el Ministerio de Industria medidas contundentes contra las descargas de canciones; por el otro, se conocía que la Ley de Economía Sostenible del Gobierno abría la puerta al cierre, sin orden judicial, de páginas web con enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. Indudablemente, esta última medida beneficiaba a los profesionales de la música, pero estos no se conformaban. "El P2P es nuestro problema en España. No nos sirve sólo con atacar las páginas web", declaró Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (la asociación de discográficas que convocaba la protesta), ante varios cientos de manifestantes que pedían la cabeza del internauta con proclamas como Al ladrón, desconexión o Bote, bote, bote, pirata el que no bote.

El sector de la música ejercía su posición de fuerza proclamando un manifiesto y ofreciendo una imagen de unidad. Sin embargo, dos detalles llamaron la atención en la fría mañana del pasado martes a pie del Paseo de la Castellana. El primero: había pocos músicos. Entre los 2.500 manifestantes, según Promusicae, sólo se veía a una veintena de artistas. Para percatarse del segundo detalle había que fijarse un poco más. Mientras Antonio Guisasola recibía aplausos tras informar del resultado de su encuentro con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la cantante Carmen París se le acercaba por detrás con un manojo de folios en la mano. Parecía que la cantante quería leer algo, pero Guisasola la despachó con una pequeña explicación y un encogimiento de hombros.

"No me dejaron leer mi manifiesto, que es mucho más amplio y no se reduce sólo al tema de la piratería", explicó ayer a Público Carmen París, "esa protesta es de las discográficas. Los artistas que van, o van presionados o no se enteran de qué va el rollo. Se prestan a estas cosas, que encima son contraproducentes. Que salga Rosario diciendo que nos estamos muriendo de hambre es tirar piedras contra nuestro propio tejado".

París justifica su presencia en la protesta porque su discográfica, Warner, se lo pidió, y porque lleva ya varios años luchando por la Ley de la Música. "Ya fui tarde adrede. Luego vi lo que se decía, los que estaban y me di cuenta de que era otro paripé que no conduce a nada. No quieren debate", subraya la cantante aragonesa.

Carmen París no es la única artista que se distancia del discurso antipiratería de las discográficas. La misma Conchita, también presente en la protesta, reconocía que "no hay que centrarlo todo en el pirateo". Son sólo dos ejemplos de que los intereses de discográficas y músicos, tras la irrupción de Internet, son distintos.

Sin embargo, pocas veces se oye lo que opinan los músicos. En Inglaterra, la creación de la Featured Artists Coalition, con artistas como Radiohead, Blur o Pink Floyd, destapó esta división entre industria discográfica y músicos. Estos últimos querían pelear sus derechos ellos mismos y no dejarlos en manos de otros.

Los intereses de discográficas y músicos son distintos

En España no hay una organización similar. "Los músicos no tenemos voz", explica Álvaro Baglietto, bajista de Vetusta Morla, "no estamos representados. Sólo se oye a las discográficas y a la SGAE. La verdad es que la mayoría de músicos está a favor de que no se penalicen las descargas".

Las bondades de eMule

Los datos lo confirman: como explican los gráficos de la siguiente página, en los últimos años los ingresos de los sellos han disminuido con la misma fuerza que han aumentado los de los artistas. Vetusta Morla, que este año ha sido disco de oro con su álbum de debut (Un día en el mundo ha despachado más de 35.000 copias), reivindica los beneficios de la Red. "Sin eMule habríamos vendido menos. Gracias a estas páginas también se venden discos. Igual no se vende la música que la gente consume y tira, pero para la música que llega al corazón Internet no es negativo. A mí no me gustaría que desconectaran a un usuario por bajarse un disco de Vetusta Morla", reflexiona el bajista.

Más radical todavía es el rapero sevillano Tote King. Y eso que él, como Vetusta Morla, es artista y sello a la vez, porque piensa editarse su próximo disco. "Yo estoy a favor de las descargas sí o sí. Sencillamente, mi forma de ver la vida va mucho más allá de una empresa. Si soy músico, es porque de pequeño me grababa cintas TDK. Las cintas de hoy son los archivos digitales", explica desde Sevilla.

El éxito de Vetusta Morla o el de Russian Red desmiente la teoría de que la crisis discográfica perjudica a las bandas jóvenes porque no van a tener oportunidades. "Otra cosa es que mejoremos el sistema", añade Baglietto; "con Spotify se está llegando a un punto de encuentro. En realidad, habría que regular un montón de cosas".

La revolución tecnológica también ha cambiado la forma en la que escuchamos música, algo que sí es motivo de preocupación para muchos artistas. ¿Merma la calidad? Los presupuestos de las discográficas para los discos cada vez son menores, las condiciones de grabación se empobrecen y muchos estudios han cerrado. "Esto nos afecta, porque el proceso de grabación se está amateurizando. Al final vamos a tener que acabar grabando en casa con un tecladillo", dice Christina Rosenvinge.

Que se muere la música

Una de las pancartas de la protesta del pasado martes mostraba un ataúd abierto con una clave de sol en su interior. El gobierno no la protegió, rezaba el letrero. El latiguillo de que "la música se muere", ya utilizado por los músicos cuando visitaron hace cinco años la Moncloa (también convocados por Promusicae y, en aquella ocasión, SGAE), provoca gran enfado entre los que no comulgan con su obsesión antipiratería. "Eso es mentira. Todos sabemos que la música está más viva que nunca gracias a Internet. Todos menos ellos, que dicen eso por intereses económicos", protesta el bajista de Vetusta Morla.

Todos sabemos que la música está más viva que nunca gracias a Internet

Carmen París pone en duda el manifiesto que se leyó en la protesta: "Ese manifiesto atufa. Lo escribió Carlos López, presidente de Sony, que dijo que lo escribía no como presidente de Sony, sino como un trabajador de la industria. ¿Pero cómo va a ser fiable eso? Si además Sony no ha perdido nada, si Sony hace las máquinas que graban los CD que luego se venden en el Top manta".

El futuro de la industria discográfica, según estos músicos, pasa por reconvertirse. "No quisieron adaptarse cuando comenzó Internet y han montado una batalla entre el público y los artistas, cuando hay gente que con la música está ganando millones", se queja París, haciendo referencia a las operadoras de telecomunicaciones. "Y esa es otra: ¿qué pactos secretos tienen las discográficas con las operadoras? Porque yo cada vez que veo lo del aparato reproductor Sony-Vodafone no sé qué pensar", razona la cantante.

Se busca una ley

El lamento antipiratería de los sellos está eclipsando otras reivindicaciones que los músicos consideran más prioritarias. "Empezando por que se dé valor al músico y que la música se considere cultura, que haya un circuito de salas, que se establezca nuestra seguridad social... Y luego, sí, el pirateo", piensa Conchita, que hace un par de años consiguió el disco de platino, 80.000 copias, por su disco de debut, Nada más.

La Ley de la Música, tan necesaria para el sector, sigue su renqueante camino. Hace unos días, el director del Inaem, Félix Palomero, se comprometía a un calendario de trabajo con la Plataforma del Directo. Palomero dudaba, no obstante, si lo que se necesita es una ley o una batería de normas. Por otro lado, el directo es sólo una de las ramas del sector musical, que también incluye a los sellos y, claro, a los músicos. "Está todo muy revuelto, pero insisten en condenar a la gente por las descargas, cuando aquí hay mucho más tema. Es necesario un debate político y serio, no polémicas estériles. Hay que pensar en la mayoría de los músicos, no sólo en los que son millonarios, que son una minoría", afirma Carmen París.

Vetusta Morla son de Madrid y hacen rock. Tote King es de Sevilla rapea. Carmen París procede de Zaragoza y fusiona todo lo que cae en sus manos. Son artistas punteros en su estilo, coinciden en que prohibir no es la solución y aseguran que son muchos los que piensan como ellos, aunque cuesta oír su voz (fuera de los escenarios).

Justificaciones escalofriantes a la Ley de la Patada en el Router: Es que los jueces aplicaban mal el Código Penal
David Bravo
http://www.filmica.com/david_bravo/

En el año de 2006, con la redada a páginas de enlaces, se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la operación más importante contra la piratería en toda Europa. Poco después de las detenciones fueron muchos los que brindaron con champagne: los medios de comunicación escribían editoriales titulados “Piratas en la Red” y la por entonces Ministra de Cultura, Carmen Calvo, aparecía fotografiada junto a miembros de la policía y algunos artistas con gesto triunfal. La euforia era tan desmedida que la Federación Antipiratería condecoró a la brigada que realizó la operación y ACAM publicó una lista de “páginas desde las que se delinquía”, relegando el papel de los jueces a una cuestión de puro trámite y considerando que su labor se reducía a graduar la mayor o menor intensidad de una pena que se creía ineludible.

Nunca lo hemos contado, pero cuando Javier de la Cueva y yo acudimos al juzgado a la declaración de los imputados en el caso Sharemula, salimos de allí asombrados por la actitud de los que se sentaron en el estrado de enfrente: un abogado y dos abogadas que, literalmente, se reían de las respuestas de nuestro defendido y que se despidieron de nosotros con cara de haber presenciado un patético espectáculo de excusas desesperadas y estrafalarias. Después de aquello no volvimos a verlos porque los dos imputados en ese caso no tuvieron que regresar más al juzgado: el Juez decidió archivar directamente el asunto al considerar que la actividad denunciada no era delictiva. En el mismo sentido se pronunciaron diversos juzgados de diferentes ciudades de todo el país y, ante el fracaso de esta vía penal, se probó suerte en la civil. La última resolución en esta vía puede dar una idea del grado de frustración de la industria y del Ministerio de Cultura: el juzgado ordena reabrir dos páginas de enlaces a redes P2P condenando en costas a SGAE y, como guinda, multándola a ella misma por mala fe en su solicitud de cierre.

Para encontrarle una explicación, es en este contexto en el que debe analizarse la reforma incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y que pretende apartar a los jueces para que ahora sea una comisión del propio Ministerio de Cultura -aquél que aplaudió las detenciones- el que decida sobre la licitud o ilicitud de estas páginas webs.

Aunque el puzle tiene sólo dos piezas y es fácil de encajar para cualquiera que no escriba editoriales en El Munto y El País, los abogados de la industria se están encargando de aclararlo mejor. Marisa Castelo, abogada que no hace mucho dijo que si el modelo en el que se basa el fenómeno de las descargas sigue degenerando ve "a la gente asaltando los concesionarios de coches", dio hace pocos días una entrevista online en ABC donde puso las cartas sobre la mesa. Tras defender a ultranza esta reforma y, ante la pregunta de si se “ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en internet”, la letrada contesta: “has dado en el clavo :-)” (con smiley en el original). Es decir, el quid de la cuestión de esta reforma se encuentra en que la industria no está ganando muchas demandas (de hecho, en casos de páginas de enlaces han ganado un total de cero) y de ahí la necesidad de una ley cuyo objeto no es otro que trasladar el poder de decisión de los jueces al Ministerio de Cultura. En palabras de la abogada “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”. O lo que es lo mismo: como los jueces no interpretan las leyes como lo hace la industria y sus representantes del Ministerio, es necesario quitarlos del medio. Tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro “mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de ésto”.

Sólo un país inmerso en la más absoluta mediocridad moral e intelectual puede no llevarse las manos a la cabeza ante la posibilidad de que un órgano administrativo decida atribuirse la potestad de calificar una conducta como ilícita sólo porque los jueces no la consideran como tal. Hoy el Gobierno ha decidido que los jueces se han equivocado con su calificación de las páginas de enlaces de modo que, en adelante, deben encargarse ellos mismos directamente. Mañana, ¿qué será? ¿Qué puerta se está abriendo con esta propuesta?

Estoy hablando de páginas de enlaces pero, en puridad, la reforma no les atañe sólo a ellos. El tenor literal del texto de la reforma es mucho más amplio y señala directamente a toda aquella página web que obtenga algún rendimiento económico, por pequeño que sea, y que pudiera estar vulnerando algún derecho de propiedad intelectual: un blog con publicidad que suba una foto sin permiso o que haga una cita que no encaja exactamente en el derecho de cita, estaría en el punto de mira.

Mientras esto sucede, algunos "opinadores" profesionales de los medios de comunicación, incapaces de darse cuenta de que ellos son uno más de los muchos afectados, caricaturizan esta protesta dibujándonos como niños llorones que queremos descargas gratis, y ello por desconocer que esta reforma ni siquiera ataca directamente a las descargas. Lo que aquí está en juego es lo suficientemente grave como para que se rechace incluso por los que están contra las descargas y con independencia del signo político de cada cual, y es que se trata de dar el visto bueno a que un gobierno pueda arrancar de las manos a los jueces determinados asuntos sólo porque las decisiones que estaban adoptando no les gustan. Y no sólo eso, si la reforma termina cristalizando en una ley real se abre además otra puerta peligrosa: permitir que un órgano administrativo cierre páginas molestas en función de lo que éste considere que es una infracción de propiedad intelectual. De poco sirve la garantía de que la ley diga que en casos en los que el cierre afecte a la libertad de expresión será un juez el que decida, y para comprender la falta de solvencia de esa garantía basta con recordar las espeluznantes palabras de la Ministra de Cultura a este respecto: "la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión [del Ministerio de Cultura] quien valore esa opción". O lo que es lo mismo, una vez iniciado el procedimiento será el propio Ministerio de Cultura quien decidirá, caso por caso, sobre su propia competencia y sobre la necesidad de que un juez intervenga o no.

"Ninguna ley logrará frenar las descargas"
Eurodiputado del Partido Pirata. El político sueco reflexiona sobre la medida planteada en España de cerrar páginas sin intervención judicial
http://www.publico.es/ciencias/tecnolog ... /descargas

DANIEL BASTEIRO - 08/12/2009 07:00

Ninguna ley logrará parar las descargas. Eso dice, al menos, Christian Engström, el eurodiputado del Partido Pirata, desde su despacho en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, y reflexiona sobre la polémica generada en España y sin parangón en el resto de Europa tras conocerse la decisión el Gobierno de cerrar páginas web que violen la propiedad intelectual sin intervención judicial, una medida que fue matizada el jueves por el presidente del Gobierno: "No se cerrarán páginas web", aseguró Zapatero.

El Partido Pirata tiene más de 50.000 miembros y 18.000 activistas, y fue la gran sorpresa de las últimas elecciones europeas, cuando consiguió dos eurodiputados tras sumar el 7,1% de los votos en Suecia. Según Engström, las grandes empresas del cine y el disco, que pretenden que "todo el mundo vea las diez mismas películas que ellos producen", deben reformular su modelo de negocio para convivir con la sociedad actual, más diversa gracias al P2P. O dedicarse a otra cosa.

¿Ampara la legislación europea aprobada por la Eurocámara las nuevas atribuciones de la Comisión de la Propiedad Intelectual?

Esta reforma parece crear más bien un comité de la censura. Se demuestra leyendo simplemente el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos humanos, que dice que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión" y que "este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras". No hace falta ser un experto para darse cuenta de que contraviene a la Convención Europea de derechos humanos que todos los países de la UE han firmado.

¿Es este modelo una novedad en Europa?

Hay un sistema similar en Suecia para la pornografía infantil. Se supone que es sobre pornografía infantil, pero cuando ves la lista de webs bloqueadas te das cuenta de que muchos de ellos son simplemente todo tipo de páginas pornográficas inofensivas. Para violaciones de la propiedad intelectual, todavía no he visto que se practique algo así en ningún otro país.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, asegura que la reforma no persigue al usuario medio sino sólo a los responsables de webs que violan las leyes de propiedad intelectual.

Si prohíbes webs con enlaces, estás prohibiendo enlazar, lo que finalmente significará hacer ilegal internet. Todo el mundo enlaza en la web, por lo que si criminalizas a las webs con enlaces contra el copyright, criminalizas también a los que enlazan a esas webs. Es un camino muy peligroso.

Según Cultura, la reforma será "compatible con los requisitos" del Paquete Telecom. ¿Cuáles son esos requisitos?

El Paquete Telecom se concentraba en el acceso a Internet de los usuarios, por lo que la reforma española no está contemplada en el alcance del paquete. Contempla otros aspectos distintos, como restricciones en los contratos que firman los usuarios. Contiene además algunas enmiendas sobre las cookies y brechas de seguridad, pero en ningún caso la aplicación de las leyes del copyright. No se puede decir que Europa ampara esta reforma.

La comisión sólo actuará a petición de alguna de las partes, por ejemplo el sector discográfico.

Claro, porque son los que seguramente estén tras esa ley.

¿Cómo se puede respetar las creaciones de esos artistas y su derecho a ganar dinero con ellas sin lesionar derechos fundamentales?

¡No tienen derecho a ganar dinero, nadie lo tiene! En realidad, las empresas tienen el derecho a intentar ganar dinero, pero si fracasan, fracasan, qué se le va a hacer. Tenemos dos posibilidades: boicotear las compañías cinematográficas y discográficas, algo que creo deberíamos hacer y mucho, o votar por políticos que defiendan los intereses de los ciudadanos contra el interés de las grandes compañías.

Según usted industria cultural debería cambiar su modelo de negocio.

O eso o abandonar el negocio y dedicarse a cualquier otra cosa. Que no intenten quitarnos nuestros derechos fundamentales sólo porque piensen que pueden ganar más dinero con ello.

¿Está matando la tecnología peer to peer a la cultura, como dicen algunos?

El P2P es fantástico para la cultura. Cuando hablamos de diversidad cultural, es lo mejor que ha sucedido nunca. Aténgase sólo a Europa. Siendo español, le será bastante complicado acceder a la cultura sueca, por ejemplo, más allá de los grandes títulos. Con la tecnología peer to peer, Suecia está tan lejos como un click. Es genial.

Estamos ante un problema de homogenización cultural.

Exacto. Es natural que las grandes compañías traten de limitar esta diversidad tanto como les sea posible, porque supone competencia para ellos. Quieren que todo el mundo vea las diez mismas películas que ellos producen. Sin embargo, peores que las grandes firmas son los políticos que prefieren escucharles a ellos en vez de a sus ciudadanos, que prefieren representar a las compañías en vez de a sus votantes.

¿Logrará alguna ley acabar con las descargas de contenido con copyright?

Es imposible, son imparables aunque cierren internet. Una memoria de un terabyte (1024 gigabytes) puede costar hoy en día 100 euros. Siempre quedará la venta en cualquier esquina, alguien que le pase una película a un amigo para copiarla. Si las compañías de discos no pueden sobrevivir en una sociedad en la que cualquiera puede copiar cualquier cosa, no pueden sobrevivir. No hay nadie que pueda hacer nada contra eso.

Duarte escribió:

Nos espera una batalla difícil. Personalmente, no estoy informado de lo que se está moviendo. Sería útil abrir un hilo, con carácter fijo, donde fuéramos compilando las distintas iniciativas de colectivos que planteen la lucha. A ver cómo puede sumarse Rebeldemule.

Autores y juristas españoles piden una red libre también de los grandes intereses empresariales

En defensa de una red libre

Martínez, Serrano, Sánchez Almeida, Gopegui, Alba, de la Nuez, Ramonet, Liria, Rosa, Arco

Rebelión // 23-12-2009



El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y simples usuarios de la Red de un muy amplio abanico político. Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.

La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.

Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se trata de que los autores cambien de amos. La cultura libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchos los creadores que se definen como trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.

Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.

Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender la democratización de toda la economía. No parece razonable aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas.

Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.

En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina.

Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.


Suscriben:

Carlos Martínez, jurista; Pascual Serrano, periodista y escritor; Carlos Sánchez Almeida, abogado; Belén Gopegui, novelista; Santiago Alba, escritor; Ignacio Ramonet, periodista y escritor; Álex de la Nuez, músico; Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor; Isaac Rosa, escritor; Constantino Bértolo, editor; Carlo Frabetti, escritor y matemático; Rosa Regás, escritora; Irene Amador, antropóloga; Antonio Arco, músico.