Dick Turpin
Meine Zeit // 17 de septiembre de 2010He estado estos días buscando un "centro de educación infantil no obligatoria" para mi hijo en la ciudad donde empezamos ahora a residir, (y donde yo nací, viví mis primeros años y donde regresé por otros cinco tras licenciarme). He tenido la misma experiencia que al ingresarlo en su guardería anterior, y no me resisto ahora a contárosla.
Para esquematizar la exposición, recurramos a dos tipos ideales de guardería: una neoliberal y otra del bienestar. Anticipo que mientras la segunda es una figura imaginaria, la primera es una realidad bien visible. ¿En qué consiste tal realidad? Pues en sociedades de responsabilidad limitada que gestionan varias guarderías instaladas en locales. Su mecánica económica y organizativa es la siguiente: en la cúspide encontramos al director de la red de guarderías, nunca presente del todo en ninguna de ellas, y con unas funciones de logística y gestión empresarial --compra y alquiler de locales, búsqueda y negociación de subvenciones, captación y control del personal, adquisición de muebles y material docente, negociación con editoriales-- hasta cierto punto ajenas al mundo de la puericultura. En un escalón inferior hallamos a los gerentes o encargados de cada guardería, o excepcionalmente de varias de ellas. Éste ya es el que atiende a los padres interesados, quien dirige y fiscaliza al personal contratado, el que recauda y gestiona la rutina del centro que dirige. Y por último, en el más bajo escalón, las que desarrollan la función primordial: el cuidado, atención y formación de los pequeños; unas chicas (no es sexismo, sino constatación de lo que hay) a quienes se les supone una formación en educación infantil cuyas credenciales se escamotean a los padres. Se desconoce su proceso de selección, que no debe ser muy exigente cuando algunas empleadas no son sino parientes de la gerencia, y se sospecha un sueldo precario.
Así son las guarderías privadas, por las que se paga entre 150 y 350€ mensuales. Si entendemos esta educación infantil como un servicio indispensable para la mayoría de las familias, comprobamos que en este caso, en el neoliberal, se presta de un modo en el que lo más irrelevante, y lo peor pagado, es lo fundamental, mientras que el mayor beneficiado es justamente quien hace negocios --entre otras cosas abaratando costes y precarizando el mismo servicio que presta-- con la guarda y custodia de niños. Así, la retórica e ideológica apelación a la iniciativa de la "sociedad" para cubrir esta necesidad solo recubre un negocio bien montado donde lo menos importante es lo crucial.
El punto máximo al que llega el Estado del liberalismo social es a la subvención directa de las pocas plazas disponibles en centros así diseñados. Es decir, la supuesta política social de los socialdemócratas deja intacto el principio según el cual es la sociedad (o sea, los empresarios) la que autónomamente debe satisfacer dicha necesidad, comprometiéndose solo a su financiación, íntegra o parcial, cuando las circunstancias así lo exijan y dependiendo de los ingresos obtenidos. Curiosamente, la administración autonómica calcula el coste de una plaza concertada con un importe sensiblemente superior (290€) al que efectivamente cuesta la plaza en régimen exclusivamente privado (230€). Ya tenemos aquí el primer fraude al erario público. Pero el fraude general viene cuando comprobamos que tal financiación pública no sirve sino para engordar aún más la nómina del director o propietario de la red de guarderías y perpetuar la precariedad de las puericultoras, sin entrañar, que yo sepa, ningún control sobre la formación y selección de éstas.
Frente a esta realidad cabe oponer otra perfectamente factible y para nada utópica: la que al principio he llamado guardería del bienestar. ¿En que consistiría? Muy sencillo: en convertir la educación infantil de los primeros tres años en un servicio público a cargo del Estado. ¿Qué supondría? Unas guarderías donde algún técnico administrativo se encargaría de su gestión y donde unas profesionales de la puericultura, con formación universitaria, selección por oposición y puesto y sueldo de funcionarias, se encargarían del cuidado e instrucción de los niños. El que en la guardería neoliberal estaba arriba, pasaría de inmediato a reubicarse en la condición de director técnico de uno o varios centros; y las que estaban abajo ascenderían hasta convertirse en lo que son, el núcleo y función fundamentales del servicio.
Los liberales podrían objetar lo siguiente: esa guardería supondría gastos mucho más elevados y, caso de implantarse, aletargarían la iniciativa privada e impedirían la producción del excedente de riqueza del empresario, que al fin y al cabo tributa y que, por tanto, termina revirtiendo beneficios en la colectividad. Fácil es la contrarréplica:
(1) vistos los gastos en subvención de plazas concertadas, dudo que fuese imposible costear los gastos que originase su fundación, pero es más, visto el personal funcionario inactivo y sobrante sería un modo de buscarles ocupación y rentabilizar sus nóminas;
(2) si se monta esta guardería del bienestar, no como régimen monopólico, sino como sistema público al que se accede solo con unas determinadas condiciones de renta y de trabajo, seguiría quedando espacio para la iniciativa privada, que se encargaría de garantizar el servicio a capas más pudientes que deseasen prestaciones más sofisticadas (natación, música, idiomas...);
(3) de convivir ambos regímenes, la iniciativa privada seguiría "generando riqueza" y "revirtiendo beneficios" a la comunidad, por mucho que las estadísticas de la Agencia Tributaria no paren de desmentir estas falacias evidenciando el fraude estructural y la contribución irrisoria de sociedades y empresas.