RebeldeMule

El ánimo de escribir esta corta misiva me sale de no sé donde, y la intención que tiene es colaborar con un grano de arena en la labor de denuncia que requiere la actual situación.

En Colombia el mal llamado proceso de paz entre el gobierno y grupos paramilitares, que mejor podría llamarse monólogos o simplemente una charla entre viejos amigos, ha venido impulsando la mas descarada impunidad para estos criminales de campesinos, sindicalistas, maestros, estudiantes, y demás miembros de la sociedad civil. Al mismo tiempo que se ha consolidado la unión operativa entre estos grupos y la fuerza pública estatal, es decir la policia y el ejército. Ejemplo claro de lo anterior es la creación desde el inicio del primer gobierno de Álvaro Uribe Velez (AUV) de los llamados soldados campesinos, rememoriando lo hecho en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, que no son más que paramilitares que han sido trasladados descaradamente a la legalidad por medio de programas institucionales en el marco de la "Seguridad Democrática" que impulsa AUV.

Aunque es bien conocido por todos como los grupos de paramilitares en los paises de América Latina fueron creados bajo estricta orientación norteamericana como una herramienta en la lucha contra insurgente, con la cual se pueden cometer los más abominables crímenes de guerra sin que se vean directamente implicadas las fuerzas legales del estado, y que desde siempre estos grupos han operado de manera coordinada con la "inteligencia" estatal, durante el gobierno de AUV esto no solamente se ha agudizado, sino que se ha legalizado a través de los "acuerdos de paz" con este grupo.

Es una infamia decir que los grupos de paramilitares hayan desaparecido de Colombia, basado en los videos que muestran los medios de comunicación en los cuales se muestran bloques de cientos de hombres entregando las armas al estado, en uno u otro departamento del territorio nacional. Tampoco puede decirse que el paramilitarismo se haya extinguido, solo por ver a sus comandantes "entregándose" a la fuerza pública en medio de festejos de la población, para que luego sean "recluidos" en un centro penitenciario en el cual viven mejor que los millones de colombianos que han sido desplazados por ellos mismos. Centro de reclusión por cierto, del cual pueden entrar y salir a sus anchas cuando se le viene en gana. Decir que el paramilitarismo se acaba porque entrega sus armas, no puede resultar menos que una desfachates, un absurdo, una infamia. El paramilitarismo no es una fuerza militar de confrontación, para eso el estado ya tiene el ejercito, el paramilitarismo es el que se encarga de hacer el trabajo sucio del estado; en ese sentido, es el que persigue, espía, amenaza, desaparece, tortura y asesina. Aunque bueno no podemos negarle a la siempre detestable policia y ejército la ejecución de esas labores, es solo que el paramilitarismo se encarga de hacerlo de una forma más "limpia".

Muestra de lo anterior es que aun después de la "entrega de armas", y la "entrega de comandantes", han aparecido a lo largo y ancho del país "nuevos grupos paramilitares", que no son más que los mismos de siempre pero con distintos nombres (Organización Nueva Generación ONG, Colombia Libre de Comunistas, Bloque Carlos Castaño Gil), y otros han reincidido con su nombre original (AUC Bloque Capital). Esto ha ocurrido tan pronto se dio por sentada la reeleccón de AUV, para el periodo 2006-2010.

El estado del pueblo desánima, ya que a AUV se le han comprobado en repetidas ocasiones, sus nexos con el paramilitarismo, y aún más cómo éste individuo ayudo hace muchos años siendo gobernador de Antioquia a crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). También se la ha comprobado como durante las campañas de sus dos mandatos, los paramilitares ayudados por su gran capital, instigaron a la población no solo para que lo eligieran presidente, sino para que el voto a todos los partidos que lo respaldan fuera favorable, con lo que puede tener mayoría en el congreso y el senado de la república, más en momentos tan decisivos como estos actuales, en los que se va a ratificar en dichas instituciones el TLC con EEUU.

El manejo que tiene de los medios de comunicación es macabro, pero muy perceptible para el ojo crítico. Se sabe muy bien que la fuerza pública fabrica atentados terroristas en las grandes ciudades del país, para mostrar con ellos avances en la lucha antiterrorista, y justificar la millonaria inversión que se hace en seguridad en Colombia. Cabe recordar que días antes de las elecciones presidenciales un carro bomba estalló en Bogotá, acabando con la vida de un indigente u hombre de la calle, atentado que le inculparon a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y después de unos meses ya reeligido AUV, se comprobó o se filtró la información que fue el propio ejército el que puso el carro bomba para mostrar resultados y hacer un golpe de opinión días antes de las elecciones presidenciales.

Hace pocos días, cuando ya se hablaba en el país de un acercamiento entre las FARC-EP y el gobierno para llegar a un acuerdo humanitario entre los prisioneros de guerra de uno y otro bando, otro carro bomba estalló en Bogotá, pero esta vez en pleno centro militar de la ciudad, donde quedan dos distritos militares, el cantón norte que es el lugar donde se almacenan miles de armas de las fuerzas militares, la Universidad Militar Nueva Granada y el colegio militar Patria. Esta vez el atentado no dejo ningún muerto.

Pero es que en esos mismos días en el senado se estaba dando una denuncia al país sobre la información que se encontró en el computador de uno de los jefes paramilitares del norte de Colombia, Jorge 40, en esa información hay pruebas claras y contundentes de los nexos de muchos militares y senadores de la república con el paramilitarismo, y de como éste ayudó para que los senadores en cuestión obtuvieran votos en municipios a los cuales ellos nunca habían asistido a hacer campaña.

El carro bomba en el centro militar de la ciudad sirvió pues para dos cosas claves:

La primera, para que el presidente AUV con su tono dictatorial de hacendado, mandara al mismisimo carajo cualquier posibilidad de acercamientos con las FARC-EP, y que ordenara ante la opinión pública nacional el rescate militar de los retenidos por este rupo insurgente. Al mismo tiempo que le pedía al país que de una vez por todas se olvidara de los atentados que hacen las fuerzas militares (o mejor el estado), ya que esto no ayuda a la "seguridad democrática". Y por último pidió la creación inmediata de un nuevo impuesto para la guerra. Impuesto que empezó a regir sin necesidad de pasar por el congreso para su aprobación, ya que de inmediato subió el huevo, la leche, entre otros artículos de consumo básico.

La segunda, como cortina de humo ante la opinión pública para que la atención no se centrara en los nexos de este podrido estado con los paramilitares, sino en el patallazo mediático que este atentado, claramente cometido por el estado, le da a AUV.

La situación de derechos humanos para los que ejercemos dignamente la resistencia es preocupante por decir lo menos. En los últimos tiempos, han sido asesinados Oscar Salas (Universidad Distrital Francisco José de Caldas), Nicolas Neira (Estudiante de secundaria, 15 años de edad), Jhonny Silva (Universidad del Valle), Jaime Hurtado (Universidad del Valle), Milton Troyano (Universidad del Cauca). Tres estudiantes de la universidad del atlántico perdieron la vidad mientras supuestamente preparaban explosivos en el estadio de la misma institución, varios indígenas han sido asesinados a bala por miembros de la policia nacional y paramilitares en el sur del país, en el desarrollo de ocupaciones a grandes latifundios en el departamento del Cauca acargo de los indígenas del Movimiento Sin Tierra, decendientes de Quintin Lame. Han aparecido panfletos con amenazas en todas las universidades públicas del país con nombres, apellidos, alias, direcciones, nombres de familiares, firmados por los grupos de paramilitares antes mencionados, así como también en organizaciones de derechos humanos, como el colectivo de abogados José Alvear, entre otros.

Al final esta misiva no resultó tan corta como dije en el principio, pero créanme que podría seguir escribiendo por largo rato del millón de atrocidades que están sucediento en este país, pero bueno siento que en esencia he dicho lo que tenía que decir. Espero poder seguir denunciando lo que acá ocurre, al mismo tiempo que les pido que divulguen esta información de la manera que consideren más conveniente.

Solo nos queda ejercer la dignidad, y aún más en los tiempos difíciles que nos han tocado.

Agradezco la atención prestada a la presente y ojalá hayan llegado hasta estas alturas del texto sin saltarse nada... jejejeje... humor negro en un tiempo oscuro...

MARCOS

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/secci ... sesinatos/

Ex paramilitares colombianos reconocen haber cometido cerca de 30 mil 500 asesinatos

De acuerdo a un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en el proceso pero organismos de derechos humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios que se marginaron de ese plan aún actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

TeleSur // 17-2-2010

Este martes la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana dio a conocer un informe en el que se revela que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron cerca de 30 mil 500 asesinatos y desaparecieron a otras 2 mil 520 personas en 20 años.

Según el informe unos cuatro mil 112 ex combatientes de las AUC aseguran haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.

Estos datos reveladores de la cruda violencia que ha azotado a los colombianos se da en el marco del Plan Justicia y Paz en el que el gobierno de ese país ofrece beneficios judiciales a los paramilitares de las AUC que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.

Esta ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

Fuentes del organismo aseguran que en este proceso de verificación de la información ya se han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios.

De acuerdo al informe, la Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 085 masacres, mil 437 reclutamientos de menores; dos mil 520 desapariciones forzadas, dos mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 033 secuestros.

Hasta diciembre de 2009 la Fiscalía verificó la ocurrencia de 485 masacres, mil 093 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros, dijo la fuente.

El informe concluye sus cifras refiriendo que unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, aunque organismos de Derechos Humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios que se marginaron de ese plan aún actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

De acuerdo a otro informe elaborado por la Universidad de Berkeley (California) de EE.UU. titulado La verdad tras las rejas (Truth behind bars), el proceso de Justicia y Paz se empezó a agrietar por la ausencia de un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., una vez los jefes paramilitares, protagonistas de la violencia de al menos las últimas dos décadas, fueron encarcelados en ese país por delitos relacionados exclusivamente con el narcotráfico.

Todo lo anterior, se suma a las dificultades logísticas para tener contacto con los reclusos y a la propia voluntad de éstos, pues sólo cinco de los 15 extraditados en mayo de 2008 han continuado con sus versiones libres.

Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes 'paras' a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act).

El documento señala que la misma Corte Suprema colombiana ha visto entorpecido su trabajo. Esta institución ha hecho múltiples solicitudes para obtener declaraciones de ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que hasta el pasado 28 de octubre no habían sido contestadas. Se recordó que en ese mes, luego de un viaje a Washington, el ex presidente del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, calificó de preliminares los esfuerzos por lograr la anhelada cooperación judicial.

Los impedimentos logísticos también han empantanado la posibilidad, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios o su derecho a la reparación.

El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley (IHRLC, por su sigla en inglés) encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica y otros graves crímenes, "cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (...) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales".

El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes 'paras' aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunque en un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes 'paras', sólo una decena fueron llevadas a cabo.

Luego de 21 meses de la salida de los ex jefes 'paras' de Colombia, ningún ex integrante de las AUC ha recibido una condena. "Las extradiciones pueden haber acabado los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada" afirma el documento del IHRLC.

Según el informe, "las investigaciones actuales contra procesados colombianos ofrecen a Estados Unidos una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad (...) Los ex comandantes paramilitares están en capacidad de proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos", corrupción y crímenes contra sindicalistas.