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La situación de los niños y niñas que se encuentran en centros terapéuticos del sistema de protección en España por trastornos de conducta y dificultad social despertó la atención de la opinión pública durante los primeros meses del año 2009, tras publicarse en el informe del Defensor del Pueblo del Estado español experiencias concretas de desprotección institucional y abusos contra sus derechos humanos. Hasta entonces, dicha realidad había permanecido invisible, pese a los esfuerzos de organizaciones y profesionales comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos de los menores por conseguir lo contrario.

Durante el año 2008, y dentro de la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional recabó información que impulsó la investigación que este informe recoge. Con este trabajo se pretende que el Estado español responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguarde los derechos humanos de los menores. Para ello, la organización ha examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos.

Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.

El Defensor del Pueblo públicó un informe monográfico sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad social en los centros de protección terapéuticos el 2 de febrero de 2009. Sin embargo, las reacciones de las autoridades competentes para investigar y corregir las situaciones denunciadas en dicho informe no fueron diligentes ni ajustadas a las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos. La negación del problema o la puesta en marcha de actuaciones mínimas en el mejor de los casos, han sido la norma general.

Siguiendo la estela del Defensor del Pueblo, y también los testimonios de muchos chavales afectados y de grupos y personas muy cercanas a nosotras, que están trabajando seriamente para desenmascarar la red de maltrato institucional que se oculta en la loable protección de menores, Amnistía Internacional ha redactado un informe valiente y serio, con un título muy potente, que si se tuviera en cuenta podría cambiar cosas, pero bueno, ya sabemos lo que sucede con estos trabajos. Lo que es seguro un material importante para manejar en nuestras charlas y fundamentar nuestras denuncias, así que lo colgamos aqui, para que se use, y por supuesto, recomendando máxima difusión

Sr. Jose Luis Rodriguez Zapatero Presidente del Gobierno de España

Señor Presidente:

En el marco del vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, le recordamos que la protección de los niños y las niñas debe ser un asunto prioritario para su Gobierno.

Sin embargo, Amnistía Internacional expresa su preocupación ante la situación que afrontan los y las menores al ingresar en los centros terapéuticos bajo el sistema de protección del Estado. Estos niños y niñas se encuentran en ocasiones en condiciones de mayor vulnerabilidad, debido, entre otros motivos, a su invisibilidad y a la falta de supervisión y control de los centros por las autoridades competentes.

Son necesarios avances concretos y coordinados en los ámbitos de sanidad, políticas sociales y justicia, que aseguren una efectiva protección a los y las menores en todo el territorio del Estado desde un enfoque basado en derechos humanos.

Por ello, le pido que el Gobierno español:

- Exija que las denuncias de posibles abusos se investiguen rápida y exhaustivamente, y se facilite a los menores el acceso a un recurso judicial efectivo y a reparaciones justas y oportunas.

- Produzca y publique estadísticas que permitan cuantificar el número de menores, así como el número de plazas y centros terapéuticos en el sistema de protección en toda España.

- Adopte medidas concretas para garantizar el control, la inspección y rendición de cuentas de los organismos y entidades privadas que se encarguen de la gestión de estos centros.

- Destine los máximos recursos tanto económicos como legales y políticos para garantizar una protección efectiva y coordinada en todo el territorio del Estado.

- Modifique la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 para que establezca unos estándares claros sobre la situación jurídica de los y las menores internados en centros de protección terapéuticos y asegure el acceso a medidas de reparación para las víctimas de abusos.

Atentamente,

Nitrosaminer escribió:Tengo que decir,que aunque no me parezca bien,las contenciones a los menores por parte de los educadore/personal medico/seguridad estan mucho mas que justificadas ...

Nitrosaminer escribió:Como detienes a un menor,si no es sedandolo,cuando se esta haciendo cortes en los brazos o golpeandose contra lo que sea,en definitiva,autolesionandose. Inmovilizarlo durante X tiempo hasta que se calme puede ser una buena opcion,pero si al soltarlo sigue con su 'brote psicotico' que haces?

¿Quieres decir que las contenciones y sedaciones se usan únicamente cuando los menores se están autolesionando?

HerrK escribió:¿En qué quedamos: están mal o están justificadas (si están justificadas es que están bien)?.

Nitrosaminer escribió:Puedo decirte que yo mismo,lleve al 'limite' a muchos educadores en discusiones,pero nunca les di motivos para sedarme/hacerme una contencion,yo sabia donde esta el limite para darles motivos a usar esos recursos,y puedo asegurarte que nunca vi una contencion en el centro,que estuviera fuera de lugar.

Aún asi,quiero recordarles que mi respuesta al tema,es por que yo conozco a esa persona(Arantxa), y viví con ella lo suficiente para saber que lo que esta hablando es una mentira.Ella paso de estar en un centro semi-abierto( Can Rubió) a uno cerrado ( Font Fregona) por meritos propios,y no habla de los compañeros que lo hicieron a la inversa,de uno semi-abierto a uno Abierto.Tampoco cuenta la de veces que tuvieron que ir a buscarla cuando se fugaba del centro para ir con un tio que la tenía en su casa,como si de una esclava se tratase.
Ahi si que podria decir: Si vuelvo,me mato. Por que era ella quien llamaba al centro para que la fueran a buscar,o en algun caso la policia.

Todos lo pasamos mal,pero esta chica es una desagradecida,y no se merece la atencion que le estan prestando ahora,almenos en su caso.

Nitrosaminer escribió:El cambio de regimen se produjo mas o menos despues de 2 años,en esos dos años con Arantxa y much@s otr@s menores,se tomaron muchas medidas,si optaron por una un poco 'extrema' por algo seria.

Ademas la culpa no es de los educadores,pues ellos muchas veces se exceden en su trabajo,ninguno esta obligado a ser tu amigo,podria simplemente limitarse a hacer su trabajo.
Por que nadie mira a las familias?Cuando un niño tiene un trastorno de conducta debido a su situacion familiar,a quien llevan al psicologo/especialista? Al niño obviamente,pero quien realmente deberia hacerselo mirar es el padre/madre pues son los que crean estos trastornos en sus hijos.

El programa 'Tolerancia Cero', de Radio Nacional de España emitió la semana pasada el programa "Centros de menores ¿En el cielo o en el infierno?", dedicado -en su parte central- a repasar el último informe de Amnistía Internacional: "Si vuelvo, me mato II" . Para ejemplificar la situación que se vive en muchos centros de menores "terapéuticos" contaron con la participación de chavales, familiares y educadores tanto de Picón de Jarama como de Hogar Galapagar. El programa tiene una duración de 55 minutos. Puedes escucharlo aquí: http://www.rtve.es/mediateca/audios/201 ... 0542.shtml

En medio de tan agitado inicio de curso, los centros educativos han recibido un correo de la Fundación Internacional O´Belén invitando amablemente a los Departamentos de Orientación a hacer dejación de funciones y derivar a aquellas familias a las que llaman “Familias en Crisis” para llevar a cabo desde su servicio externalizado intervenciones que corresponden a los orientadores en coordinación con los Servicios Sociales de base.

Explícitamente la Consultoría Familiar ofrece un punto de apoyo y derivación al que dirigir a las familias que así lo necesiten. Dice que es un espacio totalmente gratuito (previamente subvencionado por la JCCM) en el que se asesora y atiende a las familias por un equipo de profesionales psicológicos. Este asesoramiento y atención se viene haciendo desde hace años por los compañeros/as de Orientación en coordinación con los Servicios Sociales, psicólogos, pedagogos, profesores técnicos de servicios a la comunidad, educadores y trabajadores sociales avalados por una oposición pública y con varios años de experiencia profesional en este quehacer.

Es decir, mientras a cientos de nuestros compañeros/as orientadores, PTSCs, educadores y trabajadores sociales se les ha despedido y actualmente están incrementando las listas de INEM, nuestra Consejería de Educación lleva a cabo convenios, que no son más que una privatización del sistema de educación y servicios sociales públicos, con una fundación de tan dudosa profesionalidad como es la Fundación Internacional O´Belén.

Esta empresa se caracteriza por la explotación laboral que sufren sus trabajadores, con sueldos de miseria e interminables jornadas laborales así como por sus prácticas antisindicales. Aunque lo más sangrante es el continuo maltrato que sufren los menores en sus centros de supuesta protección. Abuso de psicofármacos (a veces, incluso como castigo, los niños son obligados a consumirlos), utilización de celdas de aislamiento (prohibidas por Naciones Unidas), agresiones físicas y maltrato psicológico continuado, son algunas de las situaciones habituales que sufren los menores a su cargo. Como consecuencia de las barbaridades “educativas” y demás negligencias graves, varios niños han muerto en centros de O´Belén en los últimos años.

... Además, la manera de proceder de la Fundación Internacional O´Belen parece basarse en la psiquiatrización de los problemas sociales y educativos, como se desprende de declaraciones de Jose Luis Carrasco Perera (vocal del patronato de la fundación): “Habría que estar muy pendiente de los adolescentes y darles medicación inmediatamente, en cuanto haya una sospecha de que están teniendo un fracaso porque el ánimo no les responde”.

... En definitiva, se eliminan recursos públicos para introducir a la empresa privada dentro de los centros públicos. En este caso también, la actuación del gobierno de Cospedal parece un calco de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, donde tras despedir a miles de compañeros y compañeras suspendiendo desdobles, apoyo escolar, etc, la Fundación Empieza por Educar (presidida por la banquera Ana Patricia Botín, hija de Emilio Botín) se ofrece a cubrir esas necesidades.

Ante esta situación, desde STE-CL llamamos a todos los claustros a rechazar la “ayuda” de la Fundación Internacional O´Belen, a no derivar alumnado y familias a este servicio, ni facilitar información a esta empresa de dudosa profesionalidad y que pretende sustituir un servicio que desde hace años se presta de manera profesional, eficaz y gratuita desde los centros educativos y los servicios sociales públicos. También llamamos a los claustros a seguir luchando contra los recortes, en defensa de una educación pública, democrática y de calidad.

Ha entrado en vigor la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. Miedo da cuando esta gente se pone protectora.

Esta ley está, como todas, llena de buenas intenciones, obviedades y brindis al sol. Además se han permitido el lujo de incluir sandeces como lo relativo a los derechos y deberes de los menores en el ámbito familiar (¡cómo le gusta al inquisidor inmiscuirse en la vida de los súbditos! Además, ¿no se encarga de eso el Código Civil?), el tema de los móviles en los colegios y demás. Incluso regula situaciones que no deberían estar en esta ley por incongruencia: regula el cumplimiento de medidas judiciales, ¿desde cuándo encarcelar a un niño es protegerle? Y como no podía ser de otra manera en Españistán, la entrada en vigor de la ley genera bochornos de altura, al poner fuera de la ley al propio gobierno que la promulga. Artículos como el 5 ( "la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reintegración social de la infancia y la adolescencia") son incompatibles con los recortes salvajes en servicios sociales aplicados por Cospedal. Y artículos como el 7.1 ("las Administraciones Públicas velarán porque los menores no sean objeto de tratos crueles, vejatorios, inhumanos o degradantes en los ámbitos institucional o familiar"), que se incumple sistemáticamente en los centros de menores de Castilla-La Mancha (por ejemplo con la existencia de celdas de aislamiento). Pero como estamos en Españistán, no son más que artículos de relleno, brindis al sol necesarios para poder vender una ley sin parecer unos miserables. Ya en la propia Carta Magna nos pasa esto con lo del derecho a una vivienda, al trabajo, etc.

La verdadera novedad de esta ley es la aparición de la figura de conducta inadaptada. Término que viene a sumarse a los ya cuestionables de situación de riesgo y situación de desamparo. Son términos tan ambiguos e interpretables, que como no podía ser de otra manera en base a esa indeterminación se cometen numerosas arbitrariedades e injusticias. De hecho, en realidad, el común denominador de las familias a las que se le arrebatan los niños es su situación de pobreza. Tan grave es la situación que se ha constituido una asociación, APRODEME, para luchar contra las injusticias cometidas en nombre de la protección de los menores.

Pero Cospedal ha decidido ir más allá, incluyendo lo de la "declaración de menor con conducta inadaptada". Según esta ley, un menor con conducta inadaptada es "aquel que, por la insuficiencia de sus aptitudes o por los desajustes de su comportamiento y sin prevalecer una enfermedad mental o una discapacidad psíquica, se encuentra en dificultad o en prolongado conflicto con las circunstancias propias de su edad o de su ambiente familiar o social". Es sorprendente como una ley de protección puede generar tanta indefensión. Imposible otorgar mayor arbitrariedad a un concepto jurídico. En resumen, una nueva figura difusa que servirá para encerrar en centros especiales a aquellos niños que no han cometido ningún delito, ni sufren ningún trastorno psiquiátrico pero que por lo que sea resultan molestos. Se trata, ni más ni menos, que de la fórmula que han encontrado para salvaguardar el negocio de los centros terapéuticos, en cuestión desde que el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional denunciaron las salvajadas que se cometen en esos centros.

En Castilla-La Mancha finalmente se tuvieron que clausurar varios centros gestionados por la Fundación O´Belen. Cospedal no quiere dejar en la estacada a los suyos. Incluso el consejero de Sanidad y Asusntos Sociales, José Igancio Echániz, se ha permitido el lujo de agradecer en público su participación en la redacción del texto a las entidades del sector. La patronal de los centros de menores elaborando la ley de protección a la infancia. Gente sin complejos. No los tengamos nosotros tampoco...¡hay que echarlos!