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Impunity
Juan José Lozano, Hollman Morris (Suiza, 2010) [85 min]



(página oficial | filmaffinity)

En CCMA se escribió:"Impunity" se desarrolla en Colombia, años 2000: un proceso para juzgar a los grupos paramilitares -acusados del asesinato de miles de colombianos- es diseñado por el gobierno para alcanzar "la paz y la justicia". El proceso llega sin embargo a un abrupto fin cuando los intereses políticos y económicos de algunos sectores en la guerra paramilitar se descubren. ¿Estarán las víctimas condenadas a seguir siendo víctimas para siempre o podrán al fin superar la impunidad?

Los 90 minutos que dura el documental transportan al espectador a la dificultad que atraviesan las víctimas a la ahora de saber, por ejemplo, en dónde están los restos de sus seres queridos y por qué fueron asesinados durante la versión libre de un paramilitar que reconoce que "fue mucha la que gente se asesinó, que se decapitó", se puede leer en las páginas del periódico El Universal. Por su parte, el director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), Michael Reed, afirma: "se decía que la ley iba a traer verdad, justicia y reparación. Seis años más tarde es muy difícil mostrar resultados pulcros y este documental es un testimonio muy claro, muy crudo, muy triste, del estado de realización de los derechos de las víctimas".

El recorrido de "Impunity" por el circuito de festivales lo ha llevado a ser Selección Oficial del IDFA 2010 en Amsterdam (Holanda), recibir una mención especial en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos –FIFDH- 2011 en Ginebra (Suiza), el Camera Justitia Award del Movies That Matters Film Festival 2011, realizado en La Haya y el premio SIGNIS como mejor documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse (Rencontres Cinémas d'Amérique Latine) 2011. Así mismo, fue seleccionado para la XVII Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña y el Festival de Cine de Human Rights Watch en Londres y Nueva York.

Juan José Lozano es un cineasta colombo-suizo, egresado de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. En la década del 90 trabajó como productor independiente y director de documentales para la televisión colombiana, para luego trasladarse a Suiza, donde realiza varias películas comprometidas, tanto con su país de acogida -la inmigración y la integración de jóvenes extranjeros en Ginebra ("Un train qui arrive est aussi un train qui part", 2003)- como con su país de origen a través de documentales con un énfasis particular en los efectos del conflicto armado sobre la población civil ("El muerto al hoyo y el vivo al baile", 2001). Su primer documental para cine, "Sin tregua" (2008), ganó el premio al Mejor documental suizo de creación Visions du Réel, y fue seleccionado en los festivales de Toronto, Locarno, Rotterdam, Leipzig, entre otros.

Por su parte, Hollman Morris es periodista especialista del conflicto armado interno de Colombia, con un enfoque particular sobre cuestiones de derechos humanos. Desde 2002, dirige la serie de televisión Contravía, donde en capítulos de 28 minutos, ha documentado algunos de los casos de derechos humanos más importantes en Colombia. Su trabajo ha sido considerado por la academia y los expertos como uno de los archivos audiovisuales más importantes de la historia reciente del país. Por su compromiso por mantener la memoria de la historia colombiana contemporánea ha recibido los premios Human Rights Watch Defender, 2007; Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2007 y el Premio Internacional Nuremberg de Derechos Humanos.

Aquí comparto el documental completo "Impunity" de Juan Lozano y Hollman Morris. Pero es la versión en francés, a ver si conseguimos el original en castellano.

Guión: Juan José Lozano.
Música: Vincent Hänni, Gabriel Scotti.
Fotografía: Sergio Mejía.
Productora: Fundación Contravía, ICTJ, Shock.com.co, El Espectador, Beeldvoorbeeld, Universidad Central, Morris Producciones.

 Impunity (Juan José Lozano, Hollman Morris, 2010).avi  [693.46 Mb]

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- [filmo de no ficción] El triunfo de Evo Morales (Hollman Morris, 2006)
- [filmo de no ficción] Fosas comunes (Hollman Morris, 2006)

El joven de 19 años dudó, pero al encender la motosierra, rodeado por una tupida selva en Colombia, sintió que ya no había marcha atrás. El anciano, amarrado a un árbol, lo miró con terror. Ya sin vacilar, se puso a la tarea: primero le cortó el brazo derecho, luego el izquierdo, mientras el hombre bramaba de dolor. Luego prosiguió, con miembros no vitales -para que viviera el mayor tiempo posible-: los pies, las piernas y finalmente lo decapitó. Sus compañeros, todos vestidos con uniformes del Ejército de Colombia, lo felicitaron. Ya había aprendido a desmembrar a una persona, podía considerarse parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todos llevaban las iniciales A.U.C. a la altura del hombro. El entrenamiento había terminado.

Este episodio se vive a diario desde hace tres décadas. Es el modus operandi de un grupo creado por Álvaro Uribe Vélez en sus días de gobernador de Antioquia (con el fin de proteger a los latifundistas de los ataques guerrilleros) y derivó en un ejército de más de 30.000 soldados dedicados a cumplir órdenes de caciques locales según la conveniencia y los intereses de cada región.


Estreno del documental

El documental ‘Impunity’ de Juan José Lozano y Hollman Morris denuncia que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares fue una puerta, no a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas sino a la absoluta impunidad. El Gobierno de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) promovió la ley de Justicia y Paz que derivó en la desmovilización de 31.600 miembros de los bloques paramilitares y la extradición a Estados Unidos de sus 14 cabecillas. De este proceso, solo 3.600 miembros se registraron en la Fiscalía y 600 comparecieron. Tras cinco años, todavía no ha iniciado el primer juicio contra estas máquinas de muerte, cuyos métodos incluían el despellejamiento y desmembramiento de sus víctimas.

Eso fue, claro, hasta que el ejército y la policía, acosados por los medios, por los altos índices de asesinatos, les pidieron a los paramilitares que “siguieran con sus prácticas pero sin dejar a las personas por ahí tiradas”. Entonces construyeron hornos y empezaron a cremar a los campesinos que asesinaban. También suelen enterrarlos después de desmembrarlos, en más de 3.000 fosas comunes en 26 regiones del país.

Impunity expone la versión de los jefes paramilitares, de los políticos que apoyaron el proceso de desmovilización, y salen a la luz más preguntas que respuestas. El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, habla de un proceso que sería ejemplo en el mundo, con mayor efectividad que Ruanda y la antigua Yugoslavia.


Primeras denuncias

Fue Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá y ex senador de la República, quien denunció por primera vez que una tercera parte del Congreso había sido elegido gracias a acuerdos de políticos con los grupos paramilitares. El político le paga al paramilitar, él va a la región determinada, masacra a los “simpatizantes de las Farc”, siembra el terror y dice por cuál político deben votar si no quieren correr la misma suerte. El fenómeno no es pasado, en las recientes elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales, hay numerosas denuncias de hostigamientos por parte de estos grupos paramilitares, hoy rebautizados como “Bandas Criminales” o “Bacrim”. El que no obedezca, es hombre muerto.

El escándalo se extendió hacia el sector de la economía, donde empresas como la estadounidense Chiquita les pagaba a los “Paras” tres dólares por caja de plátanos exportada. A cambio, los Paras evitaban que los trabajadores hicieran huelgas. Mataron a casi 100 sindicalistas de las bananeras en 1995. Falta contar los del 96, del 97… hasta 2004, recuerda Impunity.

Ever Veloza, alias “H.H.” -hoy extraditado en EE.UU. y al parecer próximo a salir de prisión en un programa de protección de testigos- contó que a diario llegaban unos seis helicópteros a la finca del jefe paramilitar Carlos Castaño con políticos, empresarios, terratenientes “de todo nivel” a bordo, para negociar el pago mensual por aterrorizar una región. Los paras reciben dinero y los políticos reciben votos. El fenómeno se bautizó como “parapolítica”.

El negocio de estos mercenarios es variopinto: les pagaban por acciones específicas: los empresarios bananeros, los azucareros, los pesqueros, los ganaderos, las familias prestantes del Valle del Cauca, los comerciantes de economía lícita e ilícita, aserradores… todos contratan sus servicios. Como resultado, millones de campesinos han huído aterrorizados después de presenciar la muerte de sus familiares o vecinos dejando atrás sus casas, sus tierras, huyendo con lo que tienen puesto, cuando no son decapitados para sembrar el terror y generar obediencia.

Es en su época de mayor apogeo, en agosto de 2006, cuando expulsan a la guerrilla al sur del país, que los paramilitares se pasean a sus anchas por la mayor parte del territorio nacional. Hay connivencia con coroneles del ejército -como el ya condenado Rito Alejo del Río-, el cual permitía que sus tropas patrullaran, codo a codo, con bloques “Paras”. Era “una misma tropa, una misma fuerza” dice alias “H.H.” en Impunity.

Justo en ese momento, las A.U.C. son catalogadas como una organización terrorista por la comunidad internacional y sus jefes son pedidos en extradición por narcotráfico. Es entonces cuando el presidente de ese momento, Álvaro Uribe, propone una ley para desarticularlos y lleva al Congreso al más sanguinario de todos: Salvatore Mancuso. Nace la Ley de Justicia y Paz. La reparación de las víctimas es hoy una utopía pues a los jefes “Paras” se los juzgará en EE UU por tráfico de droga solamente, no por el asesinato de miles de campesinos.

Antes de esa ley, se los denominaba Paramilitares o A.U.C. hoy, según Gustavo Gallón, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, reciben un nombre distinto “Bandas Criminales” en un intento del gobierno por negar que siguen vivas. Gallón comenta que “Los Paras siguen operando aunque el gobierno no lo reconozca. Les cambió de nombre. Ahora les dice Bandas Criminales. Ese cambio de nombre no cambia la realidad. Continúan ejerciendo poder en las regiones, presión sobre la población, matando gente, defensores de DD HH, campesinos y apropiándose de recursos públicos. Si no se reconoce el paramilitarismo, no será erradicado”.


Preguntas claves

“¿Cuántos son los muertos?, ¿Cuántos los desaparecidos? ¿Dónde están?” las preguntas aparecen como una letanía a lo largo del documental. La verdad es que nadie lo sabe. En un territorio tan grande como España, Alemania y Francia juntas. Con selvas inmensas, húmedas y tupidas, inexploradas e infestadas de este ejército de mercenarios. Algunos hablan de más de 200.000 víctimas solo en los últimos ocho años. Es difícil determinarlo por la orden que impera hoy de enterrar o incinerar los cuerpos descuartizados.

Hoy en día, Impunity tiene una difusión limitada. En Colombia, ha logrado transmitirse dentro del circuito universitario, pero ninguno de los canales nacionales a los que les ofrecieron el documental, accedió a transmitirlo. Los realizadores han recibido amenazas de muerte, Hollman Morris ha tenido que salir del país para proteger su vida. Los interrogantes que plantea el documental siguen sin resolverse.