"Felicité a Franco por su humanidad". Nixon no llegó a saber si sus llamadas a Franco influyeron en que éste conmutara las seis penas de muerte del proceso de Burgos
Eduardo Martín de Pozuelo - 23/08/2005
EE. UU. CONSIDERABA en 1970 que "el separatismo, de hecho, ha dejado de ser un objetivo serio entre la mayoría de los vascos"
El presidente Richard Nixon nunca pudo estar del todo seguro de si sus mensajes a Franco en favor de los seis etarras condenados a muerte en el célebre proceso de Burgos (1970) surtieron efecto y fueron determinantes en la conmutación de la pena capital. No obstante, el embajador Hill y el general Alexander Haig, asesor militar del Secretario de Estado Henry Kissinger, estuvieron de acuerdo en que habían influido mucho en la decisión del dictador. Los norteamericanos también eran conscientes de que aquel juicio fue seguramente la mayor crisis del país desde la Guerra Civil de 1936-39 y por eso lo siguieron al minuto y con enorme interés.
El proceso de Burgos fue el consejo de guerra por el que se juzgó en 1970 a dieciséis personas acusadas de pertenecer a ETA y de otros delitos, entre los que se contaban la muerte del jefe de la Brigada de Información de San Sebastián, Melitón Manzanas González, del Guardia Civil, José Pardines Azcay y del taxista Fermín Monasterio Pérez. Los hechos se remontaban a 1968, cuando murieron en sendos enfrentamientos el etarra Francisco Javier Echevarrieta y el Guardia Civil, José Pardines Azcay; dando paso a la declaración del Estado de Excepción en Guipúzcoa y al restablecimiento de la ley sobre Bandidaje y Terrorismo. Ambas medidas supusieron un incremento de la represión en España y alimentaron la mala imagen internacional del régimen que suponía un juicio a civiles por la jurisdicción militar. Además, ETA incrementó el ya enorme impacto internacional del caso, secuestrando al cónsul honorario de la República Federal de Alemania en España, Eugenio Beihl Shaeffer. El 25 de diciembre del 70, ETA liberó al cónsul y la tarde del 28 se conocía la sentencia a muerte. Prensa nacional e internacional editorializaron sobre la clemencia.
El 29 se reunió el consejo del Reino y el 30 el Consejo de Ministros, en el Pardo, que anunció el indulto de las penas de muerte. Aquel mismo día el presidente Richard Nixon recibió en la Casa Blanca un breve memorándum, clasificado de "secreto, sensible y sólo para sus ojos", firmado por el general de cuatro estrellas, Alexander M. Haig, que llegaría a ser secretario de Estado con Ronald Reagan. El enunciado del mismo era: un "mensaje para el presidente Franco", relacionado con el proceso de Burgos. El motivo: evaluar ante Nixon si su mensaje a Franco en favor de los procesados había sido afectivo y qué hacer a continuación. Decidieron que seguramente sí había surtido efecto y que lo mejor era felicitar al dictador por su magnanimidad.
"El embajador Hill ha llamado para informar de que había hecho llegar su mensaje al presidente Franco antes del anuncio español de la conmutación de las seis sentencias de muerte", escribió el general, que añadió: "Hill no ha sido capaz de decir con certeza si su mensaje ha sido un factor decisivo en la decisión del presidente Franco, aunque él cree que sí lo ha sido, basado en la sucesión de hechos que han conducido al anuncio".
"En vista de la incertidumbre de si su mensaje fue un factor operativo, recomiendo que utilicemos el mismo canal telefónico para transmitir al presidente Franco su gran admiración por su habilidad política y demos-tración de humanitarismo en esta difícil situación", termina la nota firmada por Haig en la que anotó, a mano, que "Hill llamó a las 9: 50h AM".
De hecho este documento, que prueba sin lugar a dudas que EE. UU. intercedió por los sentenciados, contrasta con la recomendación de mantenerse al margen hecha por el embajador Hill al comienzo del proceso. "Recomiendo firmemente que el gobierno de EE. UU. y embajada americana mantenga posición de no interferencia en relación a este problema interno español. Esto permitirá a embajada continuar tratando con efectividad con facciones responsables en España", dice el telegrama confidencial 889 que el embajador envió al respecto.
Sea como fuere, el caso de Burgos fue seguido de cerca y analizado por los norteamericanos. El mismo día de la sentencia, el 28 de diciembre, un memorándum de acción enviado por el responsable de asuntos europeos a Washington informaba que el "juzgado militar de Burgos ha sentenciado a muerte a seis de los 16 acusados vascos. Mientras se llevaba a cabo el juicio hemos recibido varias consultas del Congreso, especialmente de los senadores Church y Jordan, así como de gobernadores de algunos de los Estados montañosos que tienen un número considerable de ciudadanos de origen vasco". También aquel día el embajador español en EE. UU. solicitó protección policial para el consulado y otras instalaciones españolas en Nueva York, así como para la embajada en Washington.
En el interín entre la sentencia y el anuncio de la conmutación de las penas de muerte, tuvo que producirse la presión de la Casa Blanca a Franco y al día siguiente, el 31 de diciembre, la Oficina de Inteligencia e Investigación elaboró una "Nota de Inteligencia" secreta, con prohibición expresa de que saliera del EE. UU. en la que se estudiaba a fondo el caso. Pese a que otro informe posterior califica el asunto como la peor crisis española desde la Guerra Civil, los autores del análisis concluían, que Franco nunca había perdido el control de la situación: "Después de reunirse con su Gobierno, el 30 de diciembre, el General Franco anunció en un discurso a final de año que había conmutado las sentencias de muerte impuestas a los seis vascos. El alboroto que habían creado el proceso y el desorden en determinadas ciudades españolas no habían, como habían sugerido observadores del Reino Unido y de EE. UU., amenazado la estabilidad del régimen. Incluso si se hubieran llevado a cabo algunas ejecuciones, el régimen probablemente habría tenido poca dificultad para mantener el orden. Pero dicho resultado habría supuesto graves problemas a largo plazo para España, según se acerca la transición a la era post-Franco y busca vínculos más cercanos con Europa Occidental", se dice inicialmente en la nota.
Luego se sorprenden de que Franco no hubiera hecho mención alguna a la presión internacional. "Fue notable la omisión de cualquier reconocimiento por parte del Caudillo de las presiones ejercidas sobre él por los representantes extranjeros y por los civiles", escribieron, para, a continuación, subrayar literalmente que "el juicio a los vascos ha dado al régimen dolores de cabeza innecesarios" y que los procesados eran miembros de "ETA, un grupo extremista dedicado a la violencia, que sólo representa a una pequeña fracción del total de nacionalistas vascos". Los analistas consideraron que "el separatismo, de hecho, ha dejado de ser un objetivo serio entre la mayoría de los vascos españoles".
Para EE. UU. la conmutación de las sentencias de muerte no garantizaba la transición, ni que España entrara "mañana en la OTAN. ni en la CE", pero evitaba más daños a la imagen española y que hubiera mayor polarización dentro del sistema político español. En este sentido, pensaron que el desarrollo de los acontecimientos "durante la larga espera de la disposición final debió resultar gratificante para el Caudillo, que durante años había manejado con habilidad las peleas de un grupo político contra otro".
Investigación: Eduardo Martín de Pozuelo
Edición: Iñaki Ellakuría
Documentación: C. Salmurri, F. Martínez
LA DECISIÓN DE FRANCO
La derrota de la 'mano dura'
IÑAKI ELLAKURÍA - 23/08/2005
EE.UU. calificó el juicio de Burgos como "la crisis más importante de España tras la Guerra Civil". Desde el primer momento la Casa Blanca siguió muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos e intercedió para que Franco conmutara las penas de muerte.
En un informe de la Oficina de Inteligencia e Investigación, con fecha del 31 de diciembre de 1970, se analizaba la estrategia del régimen en su gestión del conflicto. Consideraban que Franco "permitió que la prensa cubriera libremente los juicios mostrando hasta qué punto se había suavizado desde el final de los años cuarenta, aunque esto atrajo la máxima atención hacia los juicios tanto dentro como fuera de España".
La Casa Blanca valoró positivamente la decisión de Franco de que las penas de muerte no fueran ejecutadas, pero en el informe aquí analizado se alertó sobre que "el curso futuro de España puede que se haya visto afectado seriamente", y exponían que durante el tiempo que duró el conflicto el régimen franquista se dividió entre los partidarios del perdón (la "mano blanda") y los favorables a la pena de muerte (la "mano dura").
Para la inteligencia norteamericana la ejecución de alguno o de todos los condenados "habría supuesto una victoria principal de los partidarios de la mano dura (principalmente de los reaccionarios falangistas y militares) sobre las fuerzas que favorecen una evolución continuada hacia un sistema más libre y en el que se creen vínculos más próximos entre España y el resto de los países de Europa Occidental".