RebeldeMule

Apoyemos a los creadores
Manuel M. Almeida
Mangas Verdes

Estoy con Nacho Escolar (y en general con todos los que se oponen desde la sensatez a la criminalización de la ciudadanía por el uso de Internet para compartir archivos sin ánimo de lucro) en que los autodenominados ‘creadores‘ (todo ser humano es un creador, es un rasgo distintivo de nuestra especie frente al resto) llevan algo de razón en sus demandas:

Que no es justo –aunque sea legal– que existan páginas de enlaces que se lucren con el trabajo ajeno.
Que quien más gana con esta situación son las telecos, que incluso en la publicidad del carísimo ADSL que pagamos venden “descargas más rápidas”.
Que hace falta un nuevo modelo tras la revolución digital”.

Pero me parece que esas conclusiones se quedan del todo cortas si lo que pretendemos es apostar por un modelo cultural en el que se armonicen los derechos de esos creadores con los derechos generales de la ciudadanía. Añadiría, por ejemplo:

Que no es justo -aunque sea legal- que existan intermediarios (industria, gestoras de derechos, representantes…) que se lucren con el trabajo ajeno y el bolsillo de los ciudadanos, explotando brutalmente a los creadores con royalties de risa y abusando del usuario inflando los precios finales de venta para lograr beneficios desmedidos que, repito, sólo en un pequeñísimo porcentaje revierten en el autor.
Que ningún modelo sostenible de mercado e interrelación cultural puede estar basado en el desprecio de los creadores y la industria hacia el usuario, vertiendo continuamente falacias, insultos y amenazas contra éstos.
Que no es cierto que España se encuentre a la cabeza de la ‘piratería’ internacional ni que el intercambio de archivos sin ánimo de lucro vaya en detrimento de las ganancias del sector. Son ya varios los estudios que demuestran justo lo contrario.
Que ningún derecho particular puede estar por encima del derecho general ni de los preceptos constitucionales, sobre todo si lo que se pretende es mantener vivo artificialmente un modelo decimonónico que expira, de forma natural, a marchas forzadas.
Que los derechos de autor fueron ideados para la defensa de los autores frente a los excesos de plagiadores y empresarios sin escrúpulos, contra el uso lucrativo no autorizado de sus obras, nunca contra el ciudadano ni el derecho universal de acceso a la cultura.

Con todos estos condimentos, sí podemos encarar con garantías y sentido común el debate y la búsqueda de ese amplio consenso que armonice los derechos de los principales actores de esta obra: el creador y el ciudadano, y marque las reglas de juego de todo lo que orbita a su alrededor: industria, gestoras de derechos, telecos, páginas de descargas…

Es decir, que el primer paso para desbloquear esta situación es, efectivamente, la identificación de los derechos propios del autor frente a los de los intermediaros y ver de qué manera se pueden conciliar con los de la ciudadanía del siglo XXI. En ningún caso puede arrogarse la portavocía de los derechos del autor quien no lo es o quien en realidad lo que defiende son los derechos de quienes no lo son, así como tampoco identificar los derechos del autor con los del intermediario. No es lo mismo…

Por eso, medidas coercitivas como la ‘ley Sinde’ y similares, que sólo buscan la criminalización de la ciudadanía para favorecer las cuentas de resultados de ciertos lobbies, en nombre del autor, pero sin aportar una sola medida que realmente suponga una mejora de la situación actual de éstos, no sólo resulta obscena e imposible de aplicar, sino además de un cinismo que raya en la desvergüenza.

¿Queremos apoyar a los creadores? Perfecto:

1. Establezcamos leyes que obliguen a los intermediarios a colocar los royalties del autor en lo más alto del precio final de venta.
2. Defendamos al autor frente a cualquier abuso de la industria.
3. Establezcamos canales efectivos, al margen de la industria cultural, para que el autor pueda distribuir y dar a conocer su obra bajo la licencia que prefiera: copyright o copyleft.
4. Establezcamos condiciones de rigor y transparencia para las denominadas gestoras de derechos de autor que hagan efectivo su carácter de organización sin ánimo de lucro, velando por su democracia interna y la continua auditoría de sus cuentas.
5. Establezcamos criterios que determinen que toda obra subvencionada, pagada con el dinero de todos los ciudadanos, pase a engrosar directamente el catálogo de obras de dominio público, sin menoscabo de permitir su posible explotación comercial.
6. Pongamos en marcha centros de apoyo al autor, locales de ensayo gratuitos, redes de formación artística, teatros y espacio de conciertos populares… creando una red que llegue a todos los barrios, pueblos y ciudades del país.
7. Llevemos las nuevas tecnologías al autor, expliquémosles que puede crear y editar libros por su cuenta, grabar canciones con la máxima calidad, rodar películas y vídeos… sin necesidad de intermediarios, con excelentes programas de software libre…
8. Expliquémosles que igualmente los pueden distribuir sin coste alguno, a través de la Red, que las redes P2P son la mejor herramienta para ello, que no hay red de distribución convencional que se le pueda comparar…
9. Eliminemos los impuestos de lujo que aún pesan sobre instrumentos musicales, cámaras… olvidémonos del canon también.
10. Establezcamos tiendas virtuales donde el autor pueda ofrecer y/o vender directamente sus obras.
11. Sentemos a los autores a dialogar con los usuarios, a debatir, a exponer sus puntos de vista. Lleguemos a conclusiones, acuerdos, compromisos…
12. Como Gobierno, asumamos el contenido de ese consenso y comencemos a desarrollar la ley que lo avale, velando siempre por el máximo respeto a los derechos, libertades y preceptos consitucionales.
13. Impliquemos a los intermediarios en el marco del consenso alcanzado, vinculando su acción y sus derechos a los fundamentales: a los del creador y a los del usuario. Rechacemos las presiones y la connivencia con los lobbies. Ídem con las injerencias de potencias extranjeras (véase Wikileaks).
14. Rubriquemos en el Parlamento esa ley producto de un consenso justo, abierto y democrático, que tenga al autor y al usuario como ejes principales de su desarrollo, y ubique al resto de agentes en el espacio que realmente les corresponde.

Con una hoja de ruta como ésta, o similar (esto no es más que una tormenta de ideas personal), podríamos comenzar a atisbar una solución sensata al debate sobre el nuevo modelo cultural. Pero, desengañémonos, la actitud del Gobierno no pasa, ni de lejos, por ahí, sino más bien por todo lo contrario: seguir buscando la forma de colar una ley coercitiva que no sólo no mejora ni un ápice las condiciones del creador, sino que además atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, con el único objetivo de contentar a los lobbies y grupos de presión con intereses económicos muy concretos.

La ‘ley Sinde’ no es una ley de ‘apoyo al creador’. No hay un sólo artículo que vele por sus derechos. Sólo por los de la industria y gestoras de derechos, es decir por los de los intermediarios, lobbies y grupos de presión. Eso y un ataque frontal contra derechos fundamentales del ciudadano.

Rubalcaba dice que van a concienciarnos de todo lo contrario. Pero para poder concienciar, primero hay que tener conciencia de lo que se pretende. Y mucho me temo que, en este ámbito, el Gobierno anda profundamente ‘desconcienciado’, despistado, forzado, contaminado o algo peor.

Y algo similar ocurre con los autoproclamados ‘creadores’, que defienden con verdadero ahínco las reivindicaciones de los lobbies del sector, pero se les ve salir muy poco en defensa de los auténticos derechos del creador frente a la explotación de la industria y la opacidad y ausencia de democracia interna de las gestoras de derechos.

¿De verdad queremos apoyar al creador? Perfecto. Entonces, comencemos a hablar en plata.

En la refriega dialéctica ocasionada por la “Ley Sinde”, hay que reconocer a los auto-denominados “creadores” un argumento de peso: hay webmasters de páginas con enlaces y de sitios de descarga que se lucran con sus creaciones mediante la publicidad de sus webs o el pago de cuotas por tener un servicio “premium”.

Pero también es cierto que a esta situación hemos llegado, en gran parte, por la responsabilidad de la industria del entretenimiento en alianza con los proveedores de Internet. Los programas P2P, de intercambio de archivos entre particulares como el bit-torret o emule, están siendo abandonados en favor de descargas de páginas como Megaupload, Rapidshare y similares, a las que enlazan las páginas que quierren cerrar la industria y el gobierno del PSOE. A diferencia de los primeros en los que el intercambio de archivos es totalmente gratuito y desinteresado, al centralizar las descargas a través de webs, aparecen nuevos actores que sí se lucran con las descargas. Además, los contenidos de las redes P2P son mucho más democráticos, mientras que los contenidos de las webs de enlaces son seleccionados por aquellos que mantienen esas páginas.

La 'ley Sinde' se salva "sin cambios sustanciales"
PSOE, PP y CiU pactan una ligera modificación del texto que decidirá el cierre de páginas de enlaces. La figura del juez sigue quedando en un lugar secundario
JESÚS MIGUEL MARCOS MADRID 25/01/2011 01:00 Actualizado: 25/01/2011 06:42
http://www.publico.es/culturas/357997/l ... stanciales

Hubo acuerdo. PSOE, PP y a última hora CiU pactaron ayer una enmienda para salvar la denominada ley Sinde en el Senado. Los tres partidos señalaron que la nueva propuesta, anunciada tan sólo cuatro horas antes de finalizar el plazo de enmiendas, refuerza las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web por vulneración de los derechos de autor.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró en el Senado que en la nueva ley "no hay cambios sustanciales y se mantiene el procedimiento mixto administrativo-judicial". Asimismo, "garantiza los derechos de todos" y aumenta "la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual". "Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad", añadió Sinde.

El diputado del PP José María Lassalle explicó a Público que la enmienda "refuerza mucho las garantías judiciales, algo que el PP ha mantenido constantemente, desde el comienzo de este debate". Por su parte, el portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, señaló que desde su partido "siempre se ha defendido la protección de la Propiedad Intelectual de los creadores. La anterior propuesta tenía cosas mejorables, sobre todo conseguir mayores garantías legales y que la comisión fuese más plural".

En lo sustancial, la enmienda tan sólo aporta una modificación: introduce la figura de un juez en la primera parte del proceso. El resto permanece prácticamente invariable, comenzando por la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que seguirá tutelando todo el proceso de cierre de las webs.

El proceso quedaría como sigue: el titular de los derechos denunciaría ante la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual que una web enlaza una de sus obras sin su permiso. En este instante se produce la única modificación importante de la ley Sinde original: la Sección Segunda deberá pedir autorización a un juez para solicitar los datos de identificación de la web que presuntamente está lesionando los derechos. "Es la misma autorización que cuando se pincha un teléfono o se quiere registrar un domicilio", explicaba ayer el diputado Lassalle.

Reducción de plazos

El juez está obligado a contestar en un plazo máximo de 24 horas. Una vez da su autorización para que se identifique al posible infractor, la Sección Segunda requerirá a "los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento". Tras recibir la notificación, la página web recibirá un plazo de 48 horas para que "pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual".

Transcurrido este plazo, la comisión comprobará en menos de dos días si se han retirado los contenidos o no. En caso negativo, se avisará a los interesados y en un plazo máximo de tres días se dictará la resolución. Antes mediará de nuevo un juez: "En todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial".

La Sección Segunda es la que acuerda el cierre y el juzgado autoriza la ejecución, pronunciándose tan sólo sobre si esta afecta "a los derechos y libertades garantizadas en el artículo 20 de la Constitución". Básicamente, el juzgado sólo estudia si este cierre, decretado de antemano por la comisión, afecta de alguna forma a la libertad de expresión.

Por otro lado, la enmienda establece que la Sección Segunda no estará formada únicamente por funcionarios del Ministerio de Cultura, sino por un grupo transversal presidido por el subsecretario del Ministerio de Cultura que "se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".

Rechazo en internet

La enmienda acordada por PSOE, PP y CiU provocó un amplio rechazo entre los expertos en internet y despertó la mismas críticas que venía provocando la ley Sinde en su concepción original. Principalmente, que esta ley se salta la figura del juez, reduciéndola a un mero papel testimonial. David Bravo, abogado de páginas de enlaces, lamentó que tuvieran claro desde el principio "lo de impedir que el juez entre en el fondo" de la cuestión.

Por su parte, el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, también criticó que se haya pactado "una ley que no conviene a nadie" y calificó la doble intervención judicial de "desastre". El músico Alejandro Sanz felicitó a los responsables políticos desde su cuenta de Twitter: "Lo conseguimos".

PSOE y PP acordaron intentar rescatar la ley Sinde en el Senado desde el mismo momento en que el Congreso la tumbó en diciembre.

Las reformas que introduce el acuerdo

1. Un juez más

Con esta reforma de la anterior propuesta, quien identifica a quien vulnera los derechos de la propiedad intelectual será siempre un juez. Así, la autorización para determinar quién está vulnerando un derecho de propiedad intelectual es del juez, llamado levantamiento de la IP.

2. La comisión investiga

El procedimiento de investigación se mantiene como estaba: seguirá en manos de la comisión de la propiedad intelectual. La ejecución de las sanciones que se puedan adoptar corresponde al juez.

3. El plazo se acorta

La autorización judicial para la identificación del acusado se reduce a un plazo de 24 horas.

4. Sin derecho a la apelación

El juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional decreta el cierre y ante este órgano no es posible una apelación.

HerrK escribió:deberíamos prever nuestra reacción cuando nos llegue el aviso de que "enlazamos con contenidos protegidos por derechos de autor". En el debate de Cine Clásico hay algunas propuestas.

Piramo escribió:Si se trata de un contenido específico, un disco, una película o un documental concreto, podríamos plantearnos quitarlo. Yo no lo apoyo porque sería el inicio de una sangría aparte de una bajada de pantalones.

Si nos comunican que cerremos todos los mensajes donde hay contenido protegido (95%). Paralizamos el foro, hacemos una copia de la base de datos y nos buscamos un servidor en el extranjero. Podría llevar unos días.

TOTEM escribió:La solución es no poner enlaces sino cadenas de búsqueda para el emule con indicación del peso de los archivos. De ese modo no hay enlaces, y la localización del archivo no deja lugar a dudas. Es casi tan rápido como los enlaces, pero no se puede decir que se enlacen los contenidos.

Hay páginas que ya usan este sistema.

Es lo mismo poner este enlace

ed2k: Cadena.perpetua.(Spanish).DVD-Rip.XviD-mp3.by.SDG.(sdg-es.com).avi [1.37 Gb] [info]

Que decir:

BUSCAR: cadena perpetua sdg
Tamaño: 1,37 GB

Si es cierto.
Este caso lo evalúo desde aquello de FDL...
y llegué a la siguiente conclusión.
Es lo mismo poner este enlace ed2k: Cadena.perpetua.(Spanish).DVD-Rip.XviD-mp3.by.SDG.(sdg-es.com).avi [1.37 Gb] [info]
que poner:
CÓDIGO: SELECCIONAR TODO

Código: Seleccionar todo

e2dk://|file|Cadena.perpetua.(Spanish).DVD-Rip.XviD-mp3.by.SDG.(sdg-es.com).avi|1467709440|C6EE5B683652642B32D4FDF27C24C187|/

Legalmente cadenas son ambas. Pero una tiene un link "vivo" y el otro no.

Ivanjoe escribió: incluso podemos organizarnos desde el mismo eMule moviendo un emulecollection semanal con las novedades entre amigos... con uno que centralice la información y cientos a los que enviársela ya está todo hecho. También disponemos del f2f (face to face) que también tiene sus ventajas.

Nodo50 aquí escribió:Razones políticas

Pero lo más importante son las razones políticas. Dentro de este aspecto nos importa saber cómo el proveedor de alojamiento va a reaccionar ante un ataque político ejecutado con armas mediáticas, policiales y judiciales. ¿Qué van a hacer los responsables de ese centro de datos cuando algún medio de comunicación inicie una campaña de criminalización contra unos de sus clientes? ¿Le van a pedir que se vaya a otro sitio para evitarse problemas, van a permanecer neutrales o le van a apoyar? Y cuando un miembro de algún cuerpo de seguridad del Estado intente obtener datos sin disponer una orden judicial, ¿van a darlos o se van a negar y además van a avisar a la organización afectada? ¿Cómo van a responder si un gobierno o una empresa -incluso una gran multinacional o un banco- quieren que se cierre una web crítica? En este sentido, antes de elegir, hemos considerado también las condiciones del país donde está el centro de datos: su legislación y cómo de garantista es su sistema judicial.