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FUMAGALLI, Andrea

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FUMAGALLI, Andrea

Nota Dom Dic 25, 2011 5:10 pm
Andrea Fumagalli

Portada
(wikipedia | dialnet)


Introducción

En Wikipedia se escribió:Milán (Italia), 1959. Economista, profesor de Economía Política en la Universidad de Pavía y autor de libros como Bioeconomía y capitalismo cognitivo (2007).

Fumagalli habla de la nueva sociedad del capitalismo cognitivo y estos serían cuatro de sus conceptos clave: control ("En el fordismo, la disciplina de la fábrica era la disciplina del sometimiento del cuerpo físico, ahora el control de la fuerza de trabajo pasa por el control de la actividad cognitiva"); propiedad intelectual ("Cuanto mayor es el intercambio de conocimiento más conocimiento se genera. Por eso se ha creado el derecho de propiedad intelectual: para introducir artificialmente un principio de escasez del conocimiento"); renta básica ("La idea de la renta básica amenaza el control del sistema capitalista sobre el proceso formativo, la posibilidad de control social, y puede hacer crecer ideas subversivas más allá del reformismo"); bioeconomía (“Es un paradigma económico que tiene como objeto de intercambio, acumulación y valorización, las facultades vitales de los seres humanos, en primer lugar el lenguaje y la capacidad de generar conocimiento").

Sobre el libro Bioeconomía y capitalismo cognitivo, en Traficantes de Sueños, se escribió:Ésta es una obra ambiciosa. Intenta determinar lo que se podría comprender como un nuevo paradigma de acumulación. A través de un profundo análisis histórico y teórico, en el que se dan cita desde los clásicos (Marx, Schumpeter y Keynes), hasta las corrientes económicas críticas (Sraffa, los regulacionistas, Galbraith, Chandler) y más heterodoxas (como el operaísmo italiano y francés), Andrea Fumagalli propone una nueva crítica de la economía política del capitalismo transformado. Un capitalismo, llamado cognitivo, en el que las mutaciones de la producción, la primacía de la financiarización y la centralidad del conocimiento y la información se anudan con lo que definitivamente constituye su base: la explotación de las capacidades lingüísticas, cognitivas y relacionales de los individuos. La vida misma puesta a trabajar, al precio de una existencia hecha precariedad. Por eso el autor no se conforma con un análisis exhaustivo sino que éste sirve para argumentar la necesidad del derecho a la renta (renta básica), a elegir empleo y condiciones de trabajo (flexicurity) y a acceder y defender lo común (commonfare). Como siempre, no obstante, el devenir subversivo de estas propuestas depende de la capacidad de la multitud precaria para hacer explícita su potencia política. Andrea Fumagalli es profesor de economía política de la Universidad de Pavía. Militante de la autonomía italiana desde los años setenta, en la actualidad participa activamente en la Uninomade, experiencia de formación y producción intelectual anclada en las iniciativas políticas de los movimientos. Su trayectoria intelectual viene marcada por la búsqueda de nuevas herramientas conceptuales que permitan afrontar las transformaciones de un capitalismo que cada vez se presenta más oscuro. Así lo muestran sus trabajos sobre la financiarización, el capitalismo cognitivo y las mutaciones del trabajo: Il lavoro. Nuovo e vecchio sfruttamento (2006) y Finanza fai da te. Borsa e risparmi nel mercato globale (2001), ambos todavía no publicados en castellano. (Ver vídeo de la presentación del libro)





Bibliografía compilada (fuente)





Ensayo


Re: FUMAGALLI, Andrea

Nota Dom Dic 25, 2011 5:30 pm
fuente: http://colaboratorio1.wordpress.com/200 ... alli-2008/



Por una nueva política de ‘welfare’



Andrea Fumagalli

Posse, agosto 2008

Traducción del italiano:
Diego L. Sanromán



Las transformaciones del mercado de trabajo de los dos últimos decenios han hecho urgente una redefinición de conjunto y una rearticulación de las políticas de welfare. Dicha cuestión no siempre ha suscitado el interés adecuado del pensamiento económico de izquierdas y alternativo. En el debate socio-económico actual, dos son las concepciones del welfare que, sobre todo, atraen la atención de los estudiosos y de la política: por un lado, el workfare y, por otro, el welfare público de inspiración keynesiana. Con el término workfare se hace referencia a un sistema de welfare no universalista de tipo contributivo (esto es, en el que cada uno recibe en función de cuánto da, como ya ocurre hoy con la reforma de la seguridad social), estructurado en torno a la idea de proveer una ayuda en última instancia allá donde se den condiciones existenciales que no permiten trabajar y, en consecuencia, acceder a aquellos derechos que sólo la prestación laboral está en condiciones de garantizar. La idea de workfare es, por otra parte, complementaria de los proyectos de privatización de buena parte del welfare público, empezando por la sanidad, la educación y la seguridad social. Tales proyectos encuentran hoy su fundamento en el llamado ‘principio de subsidiariedad’, según el cual, en las materias que no son de competencia propia exclusiva, pueden intervenir niveles superiores de gobierno (i.e., el Estado) sólo y en la medida en que se considera que los niveles inferiores (i.e., las Regiones) no están condiciones de conseguir los objetivos previstos de manera satisfactoria. Traducido a la práctica, esto significa que la intervención pública puede tener razón de ser sólo donde la iniciativa privada no está en condiciones o no considera conveniente intervenir. Mientras, por otro lado, el workfare tiene como objetivo inmediato y parcial sólo a quien se encuentra fuera del mercado de trabajo, como los parados y los jubilados que cobran las pensiones más bajas, y se basa en la neta distinción entre políticas sociales y políticas laborales. Un concepto, pues, meramente fordista con el añadido de un marco neoliberal conforme al modelo anglosajón: incentivos al trabajo y estado social mínimo. El protocolo sobre welfare, competitividad y mercado de trabajo del 23 de julio de 2007, destilado por el entonces ministro de Trabajo Cesare Damiano, quería representar su aplicación en Italia. El decreto 112 del último agosto, que anticipa las líneas de la Ley Presupuestaria para el trienio 2009-2011, sanciona su realización. Lo confirman los recortes en el gasto destinado a ciertos ministerios en el desarrollo de sus competencias: 8400 millones de menos para 2009, que se convertirán en 15600 millones en 2011. Lo confirma la reescritura del pacto de estabilidad con los entes locales (reducción de cerca de 3000 millones en 2009 y de 9000, en 2011) que traerá consigo la simpática consecuencia de aumentar las tarifas de los servicios públicos en perjuicio de los residentes o de proceder a ulteriores privatizaciones. Lo confirman también los recortes al fondo nacional para el sistema sanitario nacional, que conocerá, en 2009, una reducción del gasto sanitario de casi el 3% en términos reales y del 2% en 2011, con la consiguiente reducción de camas hospitalarias y de gastos para el personal (bloqueo de los turnos, redimensionamiento de los fondos para la contratación complementaria, etc.). Lo confirma el inicio de un principio de desmantelamiento de las universidades públicas en beneficio de su transformación en fundaciones de derecho privado (¡ni siquiera de derecho público!). Pero esto no basta, aún hay más. Como toda buena política de workfare exige, también están obviamente presentes las intervenciones en el ámbito del mercado de trabajo y de la subsistencia (aunque sólo para los ciudadanos italianos autóctonos). Y ahí tenemos, entonces, la controvertida norma sobre los trabajadores precarios, que tan sólo prevé una escasa compensación monetaria para los trabajadores con contrato de duración determinada en contencioso con los empleadores, y ya no su contratación, con lo que vuelve ‘legalmente’ estructural, vitalicia, la precariedad. Y, paralelamente, hace su aparición la limosna de una ‘social card’ (según el modelo de las cartillas de racionamiento del período bélico) que permite la adquisición de bienes alimentarios de primera necesidad a los indigentes.

A esta idea de workfare, se quiere contraponer –sobre todo, por parte de la llamada izquierda radical- el retorno del welfare público o keynesiano. El Estado debería hacerse cargo de una intervención de alcance universal con capacidad para garantizar a todos los ciudadanos (que no siempre coinciden con los residentes) algunos servicios sociales básicos, como la salud, la educación y la asistencia a lo largo de toda la existencia (de la cuna a la tumba, según la famosa definición del informe Beveridge de la segunda posguerra) a cambio de la participación en el trabajo y en la definición de un pacto social entre los factores de la producción. En cuanto al hecho de que algunos servicios sociales primarios (como, por ejemplo, la educación y la sanidad) deban seguir siendo públicos, no hay duda de ningún género. Sin embargo, con la crisis del modelo fordista, vienen a establecerse algunas precondiciones para que tal modelo pueda cumplir su cometido de forma equitativa dentro de un marco de justicia social. Me refiero en particular a la crisis del estado-nación, entendido como ámbito nacional en condiciones para desarrollar políticas económicas de modo independiente, aunque también de forma coordinada, con respecto a otros estados; a la imposibilidad de medir la ganancia de productividad y, en consecuencia, de proceder a su distribución entre beneficios y salarios; a la impracticabilidad de establecer relaciones industriales no concertativas entre partes sociales que se reconocen recíprocamente como contrapartes conflictivas y legitimadas en el nivel institucional con capacidad para representar de modo claro y unívoco los intereses empresariales y de los trabajadores. Ninguno de estos tres presupuestos está presente hoy en el capitalismo cognitivo desde el momento en que el dispositivo de gobernanza político-social ya no puede retornar al modelo fordista. En otras palabras: el welfare keynesiano es insuficiente. ¡Queremos más! De donde se sigue la necesidad de reformular la idea del welfare state, en lo que nos detendremos en breve. Si bien éstas son las dos concepciones fundamentales sobre el terreno, otras hipótesis, que representan situaciones particulares e híbridas, son posibles: el welfare escandinavo, por ejemplo, que da origen a las políticas de la flexicurity, que se presentan como un momento de síntesis del welfare keynesiano de tipo no siempre universalista, pero equilibrado con las exigencias de flexibilización del mercado de trabajo y la existencia de un mercado de trabajo fuertemente homogéneo, incorporando algunas de las características del workfare. Y, por el lado latino-mediterráneo, podría citarse también el welfare familiar, una mezcla de workfare y de asistencialismo no universalista.

¿Cómo se puede, entonces, repensar un welfare state en la época del capitalismo cognitivo? En primer lugar, debe estar en condiciones de afrontar los dos elementos principales que caracterizan a la actual fase capitalista en los países ‘occidentales’: la precariedad social; la distribución de una riqueza que tiene su origen en la cooperación social y en el general intellect. Con respecto al primer punto, el mundo del trabajo aparece cada vez más fragmentado, no sólo desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo desde una perspectiva cualitativo-subjetiva. La figura del trabajador asalariado industrial es una figura emergente en muchos lugares del globo, pero está declinando de forma casi irreversible en los países occidentales en beneficio de una abigarrada multitud de figuras atípicas y precarias, empleados, parasubordinados, autónomos, cuya capacidad organizativa y de representación está cada vez más vinculada al predominio de la contratación individual y a la incapacidad de adecuación de las estructuras sindicales fordistas. La preeminencia de la contratación individual con respecto a la colectiva vacía la capacidad de representación de las fuerzas sindicales tradicionales. El intento de recuperar tal capacidad por medio de estrategias de concertación ha mostrado todos sus límites, hasta el punto de desnaturalizar el papel del sindicato como fuerza con capacidad para representar los intereses del trabajo en instituciones de control y de sucumbir a los intereses empresariales bajo el paraguas de las compatibilidades económicas dictadas por la nueva jerarquía económica internacional. Con respecto al segundo punto, la producción de riqueza ya no está exclusivamente fundamentada en la producción material. La existencia de economías de aprendizaje (que generan conocimiento) y de economías de red (que permiten su difusión en niveles diversos) representan hoy las variables que están en el origen de los incrementos de la productividad; una productividad que, cada vez más, deriva de la explotación de bienes comunes que emanan de la naturaleza social del género humano (como instrucción, sanidad, conocimiento, espacio, sociabilidad, etc.) y que, en consecuencia, se configura como resultado de la ‘cooperación’ social. En semejante contexto, una intervención de welfare debe saber responder al trade-off que regula de modo inestable el proceso de acumulación inherente al capitalismo cognitivo contemporáneo: la relación contradictoria entre precariedad y cooperación social. De forma aún más particular, se trata de remunerar la cooperación social, por un lado, y de favorecer formas de producción social, por otro. La remuneración de la cooperación social significa garantía de una renta individual, incondicionada, para todos aquellos que operan en el territorio, al margen de sus estatus profesional y civil. Puesto que la cooperación social va bastante más allá de la prestación laboral eventualmente reconocida y certificada y tiende a coincidir con la existencia misma, la remuneración de la cooperación social procede del salario eventualmente percibido más un basic income, que debe ser entendido como una especie de compensación monetaria (precisamente, una remuneración) por la productividad social y no como una mera intervención asistencial. Tal medida debe ir acompañada de la introducción de un salario mínimo por hora, con el fin de evitar que se pueda generar un efecto de sustitución entre el basic income y el propio salario en beneficio de la empresa y en menoscabo del trabajador. Además, dicho basic income, incorporado de forma gradual, prescindiendo del estatus profesional de los individuos y no sometido a medida alguna de control y de condicionamiento, no es sólo una medida de welfare, sino que, en cuanto elemento de remuneración, es también una medida de intervención en la regulación del mercado de trabajo. De este modo, viene a establecerse la distinción entre políticas de welfare y políticas del trabajo de inspiración fordista. La garantía de renta presente en un salario mínimo permite, de hecho, ampliar las posibilidades de elección, definir la propia oferta de trabajo y, en consecuencia, intervenir directamente en las condiciones y en la calidad de dicho trabajo. La posibilidad de elección/rechazo del trabajo capitalista abre prospectivas de liberación que van bastante más allá de la simple medida redistributiva con la cual, a menudo, se identifica y por la que se critica al basic income. El desarrollo de la producción (cooperación) social requiere, como premisa, la reapropiación y la distribución de las ganancias que derivan de la explotación de los bienes comunes que están en la base de la acumulación actual. Dicha reapropiación, hoy, no se obtiene necesariamente con la simple garantía de la propiedad pública (de aquí la crisis del welfare público keynesiano). Si tal cosa es posible en el caso de los servicios básicos, como la sanidad, la educación o la movilidad territorial, en otras situaciones, es menos lineal, menos evidente, más híbrido, más opaco. En el caso del conocimiento, por ejemplo, es necesario basarse en el concepto de ‘bienes comunes’ y de ‘propiedad común’, por cuanto el conocimiento no es, y no puede ser, un bien exclusivamente privado o exclusivamente público.

Es sobre estas bases sobre las que puede lanzarse la apuesta –ahora inaplazable- de construcción de una propuesta de welfare y de práctica de lo común desde los movimientos.

Re: FUMAGALLI, Andrea

Nota Dom Dic 25, 2011 5:47 pm
fuente: https://www.diagonalperiodico.net/globa ... -vida.html



Entrevista a Andrea Fumagalli

"La salida del capital a la crisis es la privatización total de la vida"



Portada



P. Elorduy (Redacción), B. García y D. Grasso / Madrid

Diagonal, nº 141-142, 17 de enero de 2011



    Hablamos con este economista sobre el capitalismo cognitivo, según Fumagalli "un nuevo mecanismo de acumulación".


DIAGONAL: Bioeconomía y capitalismo cognitivo está escrito al inicio de lo que conocemos como "la crisis". ¿Ha visto cómo se desarrollaban en este tiempo las tesis que planteaba en su obra?

Andrea Fumagalli: La situación de crisis que estamos viviendo es una confirmación de la tesis principal del libro. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa, a partir de la crisis en Grecia hasta las protestas de Francia, está demostrando que el problema de la reforma de las pensiones es capaz de unificar un frente de lucha que no afecta sólo a los sujetos económicos más interesados, en este caso los pensionistas, sino también a los estudiantes, personas trabajadoras, etc. Esto se da porque lo que está en juego no es una parte de la vida, como puede ser el tema de las pensiones, sino que están en cuestión los intereses de todas las personas. Hay una centralidad del papel jugado por los mercados financieros en este momento en la jerarquización social, en la distribución de la renta y en el momento biopolítico.


D.: ¿Cómo se ha llegado a lo que llama el ‘capitalismo cognitivo’?

A. F.: Hay dos elementos característicos del paso del paradigma industrial fordista al paradigma cognitivo inmaterial, o con una tendencia prevalente a la producción inmaterial: el primero es el aspecto de la financiarización. El segundo es la transformación del modelo productivo que, de un modelo rígido y homogéneo, se transforma en una estructura en red, dinámica, que crea nuevas modalidades de crecimiento de la productividad que son definidas por el papel del conocimiento y la individualización de la fuerza de trabajo.

Por la parte de la financiarización, los mercados son hoy el corazón del capitalismo cognitivo porque son el centro del proceso de financiación de la actividad en innovación y de la producción de conocimiento y, al mismo tiempo, son elementos relevantes en la distribución de la renta, que se basa en la desigualdad. Por ejemplo, en los mercados se juega con la posibilidad de que la seguridad social, que está en contacto directo con la vida, sea privatizada. Esto significa pasar el control de la vida desde la propiedad pública a la propiedad privada.


D.: Habla de la importancia que ha adquirido la productividad de los cuerpos en esta fase del capitalismo. ¿Qué significa esto?

A. F.: El proceso de valorización hoy está basado en un tercio de producción material industrial, un tercio sobre la cobertura de servicios ligados a la mercancía, y una tercera parte formada por estos servicios inmateriales que son la producción del lenguaje, la producción de convenciones sociales, de control, de servicios financieros, de innovaciones, de símbolos, etc.

Desde un punto de vista cualitativo, el tipo de prestación laboral se caracteriza porque el aspecto “maquinal”, lo repetitivo, está interiorizado en el cuerpo humano, especialmente en la actividad cerebral y cognitiva. En este sentido, el control del cuerpo es el control de los nervios y sobre todo del cerebro, de los sentimientos, de los deseos. La precariedad es un ejemplo de este cambio de estrategia. También tiene mucha importancia el control del proceso de formación de la fuerza de trabajo. Éste es el motivo por el que es muy importante en los últimos años el problema de la reforma de la educación superior, el proceso de Bolonia, etc. Porque controlar el mecanismo de la formación y del aprendizaje es la nueva forma de controlar a los trabajadores.

Desde un punto de vista cuantitativo, el problema es la dificultad o la imposibilidad de calcular el valor que produce la utilización biopolítica del cuerpo y el cerebro humanos. Ya que si la producción es material hay una unidad de medida (kilos, etc.). El problema es cómo dar una medida de la idea, el pensamiento o lo inmaterial.


D.: ¿Cómo se traslada al individuo?

A. F.: En economía, 'alienación', tiene que ver con la idea de ser humano como fuerza de trabajo, esta es la típica idea de la alienación de la cadena de montaje. Hoy, cuando la máquina se ha interiorizado en el cerebro, el tipo de alienación evidente en el trabajo de producción inmaterial es el resultado del proceso de la prestación laboral y no está separado, como en la cadena de montaje.

La alienación ha mutado y se ha integrado en la actividad cerebral. El cerebro se divide en dos partes, una funciona como máquina en actividades rutinarias; la otra es la que busca que seamos creativos, es necesario que lo seamos para favorecer el proceso de producción. En un contexto en el que aparentemente puede exprimirse la libertad, cuando termina la partida tú eres más infeliz que al principio. Hay un incremento del número de suicidios que están ligados al funcionamiento de la economía, por poner un ejemplo. La autodestrucción del cuerpo y la mente está estrechamente ligada a la dinámica del mercado de trabajo.


D.: ¿Qué le queda por conquistar a los mercados de nuestra vida?

A.F.: La crisis financiera, o económica (porque la economía y las finanzas ya no se diferencian) muestra que no es posible salir de esta crisis en un sentido tradicionalmente reformista. Esta propuesta era capaz de mantener juntos los intereses contrapuestos: los de los trabajadores y los del capital. Era una suerte de pacto social o New Deal. ¿Por qué no es posible ahora? Porque, desde un punto de vista económico, la salida de la crisis financiera pasa por una mejora de la distribución de renta que permita un crecimiento de la demanda a nivel internacional. Una medida en este sentido es la propuesta de renta básica.

La segunda intervención sería una mayor libertad del campo de la generación y difusión de las variables estratégicas (conocimiento y actividad en red), lo que implica un replanteamiento de la estructura de la propiedad. El problema está en cómo salir de esta “transición” e introducir un modelo de propiedad basado en el concepto de lo común, que es el reconocimiento de que existe por un lado la mercancía y la propiedad privada, pero por otro lado una propiedad pública sobre servicios como educación, salud, control del medio ambiente, etc., y está también una forma de propiedad que es la común, que afecta a bienes inmateriales no sujetos a escasez.

Ésta puede ser la solución reformista (aparentemente reformista) para salir de la crisis. Pero, si se profundiza en el concepto de renta básica, se observa que es contrario a la posibilidad del capital de control de la fuerza de trabajo, porque minimiza el principio de necesidad, que hace que el trabajo esté subordinado al poder y a quien organiza el sistema político. Esto es peligroso para el sistema capitalista. Por otro lado, el concepto de propiedad común niega un principio fundamental del sistema capitalista que es la propiedad privada y el proceso de privatización.

Por esto hay dos vías: de un lado, está la tentativa de salir de la crisis al modo capitalista, es decir, acelerar el proceso de privatización. Esto supone una privatización total de la vida natural y posiblemente de la vida artificial (lo que afecta al control de la biogenética). Creo que esta tentativa está destinada a fracasar, porque esta crisis es una crisis de crecimiento, no de saturación. En esta crisis se ha dado el comienzo de un nuevo paradigma, que es el del capitalismo cognitivo.

La segunda posibilidad es una forma de New Deal, la renta básica, la producción ecocompatible, etc., pero no puede ser una solución institucional, tiene que ser impuesta por la capacidad de movilización de los grupos sociales, de las sociedades civiles. Nadie sabe cuál de estas posiciones se impondrá a la otra.

Re: FUMAGALLI, Andrea

Nota Dom Dic 25, 2011 9:52 pm
fuentes: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133972 y https://n-1.cc/pg/blog/read/637361/el-d ... financiera

original en italiano: http://uninomade.org/il-default-come-co ... nanziaria/


El default como contrapoder a la especulación financiera



Andrea Fumagalli

Uninomade // 10 de agosto de 2011

Traducido por Nemoniente




En los comentarios de la mayor parte de la prensa y en las declaraciones de los políticos y los llamados expertos, un fantasma (o más bien una pesadilla) recorre Europa. No es el fantasma del comunismo, sino más bien la pesadilla de los mercados financieros. Todos están pendientes de su respuesta, moderno oráculo capaz de condicionar e influir en las vidas de millones de personas, hacer caer un gobierno, forzar elecciones anticipadas o provocar la firma de documentos y pactos sociales de otro modo poco creibles entre firmantes igualmente sin credibilidad.

El biopoder de los mercados financieros ha aumentado considerablemente con la financiación de la economía. Si el el producto interior bruto mundial en 2010 ha sido de 74 billones de dólares, las finanzas lo superan: el mercado de obligaciones mundial vale 95 mil billones de dólares, las bolsas de todo el mundo 50 mil billones de dólares, y los derivados 466 mil billones. Conjuntamente (sin contar las actividades del mercado de valores y de crédito), estos mercados mueven una cantidad de riqueza ocho veces mayor que el producido en términos reales por la industria, la agricultura y los servicios. Este proceso, además de desplazar el centro de la valorización y de la acumulación capitalista de la producción material a la inmaterial y de la explotación del trabajo manual al cognitivo, ha dado origen a una nueva "acumulación primitiva", que, como todas las acumulaciones primitivas, se caracteriza por un alto grado de concentración.

Por lo que respecta al sector bancario, en 1984 los diez primeros bancos del mundo controlaban el 26% del total de la actividad, con el 50% en manos de 64 bancos y el otro 50% repartido entre los 11.837 restantes bancos más pequeños. Los datos de la Reserva Federal nos dicen que de 1980 al 2005 se han llevado a cabo cerca de 11.500 fusiones, una media de 440 al año, reduciéndose el número de bancos a menos de 7.500. En el primer trimestre de 2011, cinco SIM (Sociedades de Intermediación Inmobiliaria: JP Morgan, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, HSBC Usa) y cinco bancos (Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Citycorp-Merrill Lynch, BNP-Paribas) han obtenido el control sobre más del 90% del total de los títulos derivados: SWAPS sobre las tasas de cambio, los CDO (Collateral debt obligations) y los CDS (Collateral default swaps). Fuente: http://www.occ.treas.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq111.pdf.

En el mercado de valores, las estrategias de fusiones y adquisiciones han reducido significativamente el número de las sociedades cotizadas. En 1984 las primeras diez sociedades con mayor capitalización bursátil, equivalente al 0,12% de las 7.800 sociedades registradas, detentaban el 41% del valor total, el 47% de los ingresos totales y el 55% de las ganancias registradas. En 2011, estos porcentajes se han mantenido casi inalterados, con la diferencia que tres de ellas (Merrill Lynch, Lehman Brothers y Goldman Sachs) se han fusionado a principios de 2008 o se han convertido en entidades bancarias (por ejemplo, la adquisición de Merrill Lynch por Citycorp) o, como en el caso de Lehman Brothers (y Bear Starney) han sido fallidas, favoreciendo así un ulterior proceso de concentración (Fuente: Reserva Federal).

En este proceso de concentración, el principal papel está en manos de los inversores institucionales (término con el que se indican todos los operadores financieros –las SIM, los bancos, las aseguradoras- que gestionan las inversiones financieras por cuenta de terceros: son hoy los que en los años 30 Keynes definía como los "especuladores profesionales"). En 1984, en relación con el mercado de los EE.UU., el valor de sus títulos, ascendía a cerca de 2,6 mil millones de dólares. A finales de 2007, según datos de la Reserva Federal, los inversores institucionales manejaban títulos por un valor nominal equivalente a 39 mil millones, el 68,4% del total. Es importante señalar que este porcentaje ha aumentado durante el último año, especialmente después de la difusión de los títulos de deuda soberana. Por ejemplo, en cuanto a la deuda pública italiana, alrededor del 87% está en manos de inversores institucionales, por encima del 60% en el exterior (a diferencia de lo que ocurre en Japón).

A partir de estos datos, podemos argumentar que en realidad los mercados financieros no son algo etéreo y neutral, sino que son una expresión de una precisa jerarquía: lejos de ser competitivos (creencia aparentemente confirmada por la alta flexibilidad de los "precios", flexibilidad que está sin embargo en la base de las ganancias), se confirman como fuertemente concentrados y oligopólicos: una pirámide, donde se ve, en la parte superior, a los pocos operadores financieros capaces de controlar más del 70% de los flujos financieros globales y, en la base, una miriada de pequeños ahorradores que tienen una función puramente pasiva. Esta estructura de mercado permite que unas pocas sociedades (en particular las diez, entre SIM y bancos citados anteriormente) sean capaces de dirigir y condicionar las dinámicas del mercado. Las agencias de calificación (a menudo en connivencia con las mismas sociedades financieras), además, ratifican, de manera instrumental, las decisiones oligárquicas que se toman una y otra vez.

Después de la crisis de las subprime en 2008-09, a partir de 2010, la especulación financiera ha puesto su punto de mira en las políticas del estado de bienestar. Su carácter de biopoder se ha acentuado aún más, incidiendo directamente sobre las formas de vida. Todo esto no puede extrañar, desde el momento que es precisamente la producción de los servicios sociales e inmateriales (salud y medicina-farmacéutica, educación, investigación, explotación de recursos naturales, comunicación y lenguajes, biogenética) el objetivo principal de la producción de plusvalía.

Lo que está sucediendo en las últimas semanas es la más clamorosa confirmación. El mecanismo especulativo se desarrolla según las siguientes fases, con variaciones en función del tipo de actividad financiera objeto de la atención especulativa.

Fase 1. En situaciones de extrema incertidumbre e inestabilidad (por tanto, en situaciones de normalidad financiera), algunos sectores (en referencia a los títulos privados) o algunos sistemas de welfare (en relación a los títulos soberanos) pueden convertirse en objeto de interés especulativo, gracias a la presencia de algunos factores concomitantes que pueden acentuar la volatilidad. Esta volatilidad puede ser al alza (como, por ejemplo, en el caso de los títulos derivados del petróleo, durante el verano-otoño de 2010, o durante el nacimiento y desarrollo de un acuerdo financiero que da origen a una burbuja especulativa) o a la baja, como en la situación actual.

Fase 2. La intervención de las agencias de calificación, rebajando o aumentando la evaluación de riesgos utilizando parámetros ficticios, tiene como objetivo certificar oficialmente una situación de pánico o de euforia. En el caso de la deuda soberana (welfare), se trata siempre de situaciones de emergencia. Es difícil identificar el verdadero nexo de causa y efecto entre la rebaja de calificación de la deuda soberano y el inicio de su pérdida de valor. El punto, denunciado verbalmente en repetidas ocasiones, pero nunca seriamente afrontado en la agenda de los llamados "reformadores" de los mercados financieros (por ejemplo, el Foro de Estabilidad Financiera, dirigido por el nuevo gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi), es la elevada connivencia entre las agencias de calificación y los grandes inversores institucionales, que frecuentemente solapan sus cargos en los Consejos de Administración, así como tienen intereses cruzados. En este sentido, la reciente rebaja de los bonos de los EE.UU. puede representar una prueba decisiva. Sea como sea, una vez inducida la fase de emergencia, se inicia la disminución del valor del título. Los primeros en vender son precisamente los grandes inversores institucionales. Por ejemplo, en los seis primeros meses de 2011, Deutsche Bank (entre las diez potencias financieras del mundo) ha reducido en un 88% su exposición sobre los bonos del estado italiano, reduciendo su cartera de valores de 8 mil millones a finales de 2010 a 997 millones de € en la actualidad (fuente: Financial Times), dando lugar al incremento en el diferencial entre los bonos italianos y los alemanes a diez años. Esta política de ventas ha afectado anteriormente a Grecia y también a otros países europeos, con reducciones a la exposición sobre Portugal, Italia, Irlanda, España y Grecia de casi el 70%. Cabe señalar que dichas ventas, llevadas a cabo escalonadamente, han precedido a los colapsos efectivos que dichos títulos han manifestado después realmente. En realidad, tal afluencia masiva de ventas se traduce inmediatamente en la caída de los precios de los bonos en cuestión, y por lo tanto en un incremento del "rendimiento" que deben garantizar para refinanciar la deuda nacional. De ello se sigue la ampliación de la diferencia de las tasas de interés con análogos títulos soberanos, considerados más seguros y menos volátiles (por lo general los bonos alemanes, americanos y japoneses, que aun teniendo una relación deuda/pib de más del 200% colocan más del 80% de sus propios títulos en manos nacionales).

Fase 3. Una vez proclamada la fase de emergencia, se debe correr a cubierto. En este caso, los Estados-nación se ven más o menos obligados a tomar medidas de control de la deuda pública y por tanto reducir el estado de bienestar en nombre de los dictados del pensamiento neo y social liberal, en función del color de los gobiernos, que se traducen, como sabemos y ya hemos analizado, en una reducción de la intervención pública y en el desmantelamiento de la protección social. Y no solo esto. El Banco Central Europeo se ve forzado, más allá de las disputas nacionalistas entre Francia y Alemania, a intervenir para introducir moneda ex nihilo con el fin de permitir el pago de las cuotas de interés. En el caso de Italia y España, siendo los dos países "demasiado grandes para quebrar", el riesgo de default ha de evitarse por completo, aunque la situación de emergencia siga dándose como posible y los mercados financieros puedan seguir especulando. Se trata, mutatis mutandis, del mismo riesgo corrido por los EE.UU. En las últimas semanas, para Italia y España, la emergencia ha funcionado, para los EE.UU., aún habiéndose evitado el riesgo de default "técnico", la presión especulativa-emergencial parece que está comenzando ahora con la rebaja de Standard & Poor’s. Una confirmación más de cómo los mercados financieros son mucho más facilmente maniobrables de cuanto pueda imaginarse y tienen mucho más poder que cualquier Estado-nación.

Fase 4. Una vez que la situación ha llegado al punto justo, siempre por la decisión de los inversores institucionales que condicionan a los mercados financieros, y se considera que los bonos soberanos han alcanzado la rebaja oportuna y una vez que han sido tomadas las medidas de política económica adecuadas en beneficio de los mercados financieros, la emergencia cesa como por arte de magia. Las compras comienzan, las bolsas se disparan y los inversores institucionales empiezan a comprar deuda soberana a valores mínimos. A los pocos días las ganancias de obtenidas son considerables. Se estima que después del primer ataque especulativo a mediados de julio contra de los títulos italiano, griego y español, con caídas de las bolsas de las principales plazas financieras de más del 7,8%, después del plan europeo de intervención extraordinaria de más de 110 mil millones de € en apoyo a Grecia, la recuperación ha sido tal para los índices bursátiles que han vuelto a los valores anteriores, con ganancias que han alcanzado niveles récord en unos pocos días, hasta para permitir a Goldman Sachs disfrutar de mayor liquidez que la mismísima Reserva Federal americana.

Cuando se especula a la baja, el momento tópico es, por tanto, la reversión de los índices bursátiles. Ese momento depende de muchos factores: en primer lugar, del grado de connivencia entre las sociedades financieras hegemónicas y, en segundo lugar, de las medidas que se tomen por las autoridades monetarias (BCE) y los gobiernos nacionales más sometidos a las presiones especulativas. Los recientes casos de EE.UU. y Europa son de manual. El riesgo de default "técnico" de los EE.UU. ha desviado temporalmente la atención de la presión especulativa sobre los países europeos a una mayor deuda pública. No obstante, ninguno de los principales especuladores ha creído nunca en la posibilidad de un default americano. Este riesgo, sin embargo, ha obtenido los resultados esperados, imponiendo restricciones sobre el presupuesto público americano en materia de gasto social y favoreciendo el incremento de liquidez monetaria para apoyar a los mercados financieros. No es muy diferente la situación europea. Los distintos gobiernos europeos, sometidos a presiones especulativas, han adoptado políticas fiscales de "sangre, sudor y lágrimas". Algunos, como España, han decidido convocar elecciones anticipadas, para intentar así disuadir la presión especulativa en la perspectiva de una victoria electoral de fuerzas más conservadoras. Otros, como Italia, han puesto en marcha medidas restrictivas de gran alcance, pero con efecto no inmediato sino en el bienio 2013-14 (paquete fiscal de 80 mil millones de dólares, de los cuales más del 70% se concentra, precisamente, en el período 2013-14, una vez terminada la actual legislatura). Después de la intervención en apoyo a Grecia y de la decisión del BCE de comprar en el mercado secundario títulos públicos principalmente bonos españoles y portugueses, no es sorprendente que el objetivo más lucrativo de la presión especulativa sea Italia, independientemente de su situación económica (que de todos modos no es de las mejores, especialmente en términos de distribución de la renta y capacidad de inversión). Las expectativas especulativas están centradas en una nueva intervención del BCE, capaz de inyectar nueva liquidez con el fin de revitalizar los mercados financieros, o en la redefinición de los paquetes fiscales. Y estas medidas no se han hecho esperar.

El BCE, por el momento (8 de agosto de 2011), aún no se ha mostrado en disposición de una intervención extraordinaria para España e Italia, al igual que en varias ocasiones sí ha llevado a cabo para Grecia, Irlanda y Portugal. Se ha limitado solamente a declarar la compra de un mayor número de títulos italianos. El gobierno italiano, dentro de una reencontrada concertación social (quizá todavía más peligrosa que la especulación financiera) se ha apresurado a aceptar los dictados de los mercados financieros: anticipo de la mayor parte del paquete presupuestario anual con el presupuesto equilibrado no ya en el 2014 sino en el 2013; inclusión en la Constitución de la obligación de equilibrar el presupuesto público, tal como queda sancionada en el art. 105 del Tratado de Maastricht a nivel europeo la vinculación de una tasa de inflación no superior al 2%; desmantelamiento y privatización del estado de bienestar. Estas medidas serán acompañadas después por un ulterior proceso de liberalizaciones y de precarización del mercado de trabajo, pidiendo más sacrificios a las partes sociales, en nombre de la emergencia nacional.

Como ya hemos argumentado en otra ocasión (http://uninomade.org/la-farsa-dellemergenza-economica-parte-ii/), el logro de estos objetivos es casi imposible: ya lo era en un período más largo, mucho menos en un período aún más corto y más con una carga de intereses acrecentada en el último mes de alrededor de 2,8 millones de euros tras el aumento de las tasas de interés más altas en las últimas semanas (ver Francesco Daveri: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002486.html).

Los grandes inversores institucionales saben perfectamente todo esto. La consecución de un presupuesto equilibrado en Italia o en otros países europeos no les interesa. Lo que les interesa es, en primer lugar, que el espacio para la especulación financiera a la baja se permanezca siempre abierto y, en segundo lugar, que la nueva liquidez fluya continua y constantemente inyectada en el circuito de los mercados financieros, a fin de aumentar la solvencia de las transacciones. Finalmente, en tercer lugar, que se garantice el pago de las cuotas de interés.

Por tanto, la actividad especulativa siempre está en acción. Si temporalmente no interviene en Europa, siempre puede intervenir sobre el mercado valores o los derivados de las materias primas o sobre los títulos del estado americano (como parece ahora evidente, vista la degradación de la deuda de EE.UU. por parte de Standard & Poor's en estos días) o viceversa.

Se trata de un mecanismo que nada tiene de parasitario, al contrario. Dado que ya no están vigentes los acuerdos de Bretton Woods, los mercados financieros establecen de modo independiente y supranacional el valor de la moneda, sobre la base de las jerarquías y las expectativas que los especuladores institucionales determinan cada vez. La ubicuidad de los mercados financieros sobre la vida económica y social de los habitantes de la tierra (desde los campesinos del Sur a los trabajadores y a los precarios del Este y Occidente, de los estudiantes a los migrantes) es tal que el acceso a porciones (cada vez más decrecientes) de riqueza está condicionado directamente e indirectamente por los efectos distributivos y deformantes que los mismos mercados financieros generan. Aquí está su biopoder y su governance. Cada euro de ganancia generada virtualmente en la actividad especulativa tiene consecuencias reales sobre la economía de alrededor de un 30% (según los datos del BRI), poniendo en marcha un multiplicador financiero que incide directamente sobre la capacidad de inversión y distribución de la renta que esta en la base del actual proceso de acumulación. De hecho ese 30% es creación neta de dinero, al margen de cualquier forma de signoraggio estatal existente hoy en día. La producción de dinero por medio de dinero implica una nueva ley del valor y una nueva norma de explotación (ver http://www.ephemeraweb.org/journal/10-3/10-3index.htm); y este poder hace de los mercados financieros el centro de la valorización actualmente.

Frente a este contexto, es necesario trabajar para reducir el campo de acción de los mercados financieros: no mediante la ilusión de su reforma, sino mediante la constitución de un contapoder, capaz de erosionar su eficacia. Es necesario romper el circuito de la especulación financiera (sobre todo cuando es a la baja) golpeando la fuente de sus beneficios, o favoreciendo la total devaluación de los títulos que están cada vez en el centro de la actividad especulativa. Este objetivo sólo puede lograrse a través de un instrumento: el impago de los intereses (o su dilación temporal) y la declaración del default (quiebra). De este modo, el instrumento mismo de la especulación sería menor: la deuda pública se convertiría en consecuencia en papel mojado, junk bonds o bonos basura. Los inversores institucionales especulan sobre el riesgo de "default" pero son los primeros que no lo quieren. Por supuesto, la especulación se desplazaría a otra parte, creando nuevas emergencias, pero al menos no tendría bajo su punto de mira el estado de bienestar, sobre todo si se persiguiese una estrategia de default controlado, o acompañada a nivel europeo y en coordinación con la Reserva Federal por una política común de gestión de la crisis, con el objetivo, no solo para crear un fondo de intervención en apoyo de los países en dificultades, sino sobre todo emitir eurobonos capaces de sustituir la deuda soberana en default por tasas fijas de interés y controlar la libre circulación de capitales.

De hecho, esta perspectiva ya ha sido experimentada parcialmente con Grecia. Precisamente, debido al riesgo de default, los bonos del estado griego han sido convertidos en bonos basura perdiendo más del 70% de su valor. Esta situación ha hecho necesario un plan extraordinario de intervención europea para evitar efectos negativos sobre el euro. Este plan, sin embargo, en vez de financiarse con la emisión de nuevos títulos garantizados por el BCE capaces de sustituir a los griegos a una tasa de interés determinado sobre la base de las tasas libor o del tipo oficial de descuento, se ha limitado a proporcionar la liquidez necesaria para que los bancos acredores puedan compensar de alguna manera las pérdidas sufridas por la devaluación de los títulos. De esta manera, se ha proporcionado savia nueva a la especulación financiera.

El derecho al default ya está en marcha. Esta es la única respuesta política adecuada, así que conviene tomar nota.

Re: FUMAGALLI, Andrea

Nota Dom Dic 25, 2011 11:33 pm
fuentes: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141886 y https://n-1.cc/pg/blog/read/1053058/la- ... el-default

original en italiano: http://uninomade.org/lotte-di-classe-nel-default/



La lucha de clases en el "default"



Andrea Fumagalli

Uninomade // 16 de diciembre de 2011

Traducido por nemoniente para Rebelión




La crisis de la deuda soberana europea ha puesto en boca de todos términos que hasta hace poco tiempo sólo eran conocidos por los especialistas. Entre ellos, default e insolvencia son términos bastantes comunes dentro de los movimientos sociales que dan origen a las grandes manifestaciones del pasado 15 de octubre. DeriveApprodi ha publicado ahora, oportunamente, la traducción del libro de François Chesnais Le dettes illégitimes (salido en Francia este verano) con el acertado título: Deudas ilegítimas y derecho a la insolvencia.

El panfleto de Chesnais permite aclarar el uso, a menudo distorsionado, del término insolvencia, que puede referirse a dos contextos muy diversos entre sí: el micro y el macroeconómico. A nivel micro, la insolvencia es una práctica ilegal normalmente llevada a cabo en momentos de necesidad cuando los ingresos percibidos no consiguen hacer frente a los compromisos para el pago de los gastos corrientes (hipoteca o alquiler, facturas, etc…). No se trata de una novedad pero la diferencia es que hoy, en un contexto de individualización (del trabajo y de la propiedad), frente al desmantelamiento de lo público, la práctica de la insolvencia debería extenderse a todo el sistema económico.


La lógica envenenada de las finanzas

En el segundo número de los Quaderni di San Precario, se mantiene provocativamente que el derecho a la quiebra, aplicado en Italia sólo para las empresas, pueda extenderse también a los precarios. No es más que el reconocimiento de un fundamento del capitalismo o, como escribe Maurizio Lazzarato en su último ensayo (La Fabrique de l’homme endetté, Éditions Amsterdam, París), “el fundamento de la relación social no es la igualdad (de cambio), sino la asimetría de la deuda/préstamo que precede, históricamente y teóricamente, a la de la producción y el trabajo asalariado”. En otras palabras, el hombre en el capitalismo está “estructuralmente” endeudado, porque sólo del endeudamiento nacen la acumulación y el plusvalor. La diferencia, en el capitalismo propietario contemporáneo, donde el precario debe convertirse en empresa individual, es que todos estamos endeudados.

Una condición que va mucho más allá de los números rojos de las empresas y del Estado. Desde este punto de vista, ejercitar el derecho a la insolvencia es una forma de contrapoder que interviene, cuando se organiza colectiva y conscientemente, a través de la relación de explotación, apuntando a una reapropiación, aunque indirecta, del salario y la renta. La insolvencia individual podría socavar así el biopoder de los mercados financieros y comprender el auténtico significado de la financiarización: controlar la relación capital-trabajo.

Distinto es en cambio el contexto macroeconómico, donde no se habla de insolvencia. Se habla sobre todo de default o de posible quiebra del Estado. Es necesario especificar este punto para evitar que surjan equívocos: una declaración de quiebra, o la decisión política de no pagar parte de la deuda o sus intereses, implica su renegociación y no su impago, como pasa con un particular. Tanto es así que los diversos ejemplos citados a menudo como casos de insolvencia (Argentina, Ecuador, Islandia), en realidad no significaron el impago de la deuda, sino su reestructuración y/o su congelación, incluso en condiciones más favorables. No es casual que Chesnais en el libro en cuestión no mencione jamás el término insolvencia.

El texto de Chesnais contiene tres capítulos y una breve conclusión. El primero se centra en el rol siempre más dominante de los mercados financieros, a partir de los análisis teóricos de Marx y Keynes. El nexo entre finanzas y especulación es inseparable y sólo en el siglo XX el poder de las finanzas ha conocido un paréntesis, en particular entre la crisis del 29 y el colapso del sistema Bretton Woods en 1971.

Con el desarrollo de los fondos de pensiones y los productos derivados asistimos a una inversión de la tendencia que ha llevado a la actividad especulativa globalizada a ser uno de los ejes de la acumulación de capital. La crisis de las subprime de 2008 y la reciente crisis de la deuda europea son la consecuencia. Se trata por tanto, según el autor, de una crisis endógena del sistema económico, generada por la misma lógica financiera.

El segundo capítulo se centra en la dinámica de la deuda pública, con particular referencia a la francesa, analizándose la relación estado-banca. La tesis, compartida, es que buena parte de la responsabilidad del incremento de la relación déficit-PIB en Francia y en otros países europeos, se debe a la intervención pública en favor del sistema del crédito, debido a los riesgos de quiebra de muchos operadores financieros. Se trata de intervenciones a fondo perdido, que no tienen efectos multiplicadores como el tradicional deficit-spending keynesiano. Además, la imposición de políticas de austeridad pro-cíclicas tiene el efecto de empeorar tal relación, porque si por un lado pueden mejorar el balance estatal, por otro causan pesados efectos recesivos.


Entrampados por las armas

Precisamente partiendo de tales consideraciones, Chesnais introduce en el tercer capítulo la noción de deuda ilegítima: “aquel contrato contra los intereses de los ciudadanos de un Estado y con pleno conocimiento de causa sobre quiénes son los acreedores”. La cuestión, ya planteada en 1927 por el jurista ruso Alexander Sack, a propósito de las deudas públicas en las dictaduras para fines militares, recobra actualidad frente a las imposiciones de la dictadura financiera. La actividad especulativa actual, destinada a favorecer la creación de plusvalías sobre los títulos derivados, ha creado un círculo vicioso para reducir los balances públicos y permitir mayores ingresos para las compañías financieras que controlan los mercados. Pero no se trata sólo de esto. Chesnais recuerda cómo, en el caso griego, la deuda pública se ha incrementado debido a la creciente compra de armamento.

Los datos publicados en el informe de 2010 del SIPRI de Estocolmo demuestran que “Grecia ha sido uno de los cinco mayores importadores de armas en Europa entre 2005-2009”. La adquisición de aviones de combate norteamericanos y franceses y también de equipos militares alemanes representa el 38% del volumen de sus importaciones. Se verifica así una combinación, nada nueva, entre endeudamiento contratado con los bancos, no casualmente franceses y alemanes, principalmente, y endeudamiento con fondos de inversión procedentes de las industrias militares de esos mismos países. Un caso de manual de deuda ilegítima. La situación griega no es tan diferente a la de Italia, donde el ministro de defensa ha aprobado recientemente la compra de F-35 por 15 mil millones.


Sobre las cenizas del estado del bienestar

La propuesta de Chesnais es la de hacer una auditoría sobre las deudas públicas europeas sujetas a la presión especulativa. La auditoría pretende determinar, mediante una investigación, la adecuación y el cumplimiento de los procedimientos de gasto y financiación que han caracterizado el aumento de la deuda soberana en los últimos años, a fin de identificar la cuota ilegítima que ha alimentado la espiral de la deuda. Además, pone de manifiesto la iniquidad del sistema fiscal, cada vez más caracterizado por elementos de regresividad impositivos. La constante reducción de las tasas sobre las rentas más altas, del 62% al actual 43% en Italia, junto al incremento de los impuestos indirectos sobre el consumo, actualmente llegan al 23%, han favorecido el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y aumentado el endeudamiento de las familias.

La auditoría sobre la deuda pública se convierte así en el instrumento principal para sostener, a nivel nacional y europeo, la demanda de congelación y reestructuración de la deuda, en línea con algunas propuestas ya existentes. La demanda de congelaciónunilateralde los bonos del estado, de hecho un default controlado, no implica el impago completo de la deuda sino su renegociación de las condiciones de su parcial devolución, junto a la introducción de restricciones a su libre circulación, con el fin de sustraer una parte de la misma a la actividad especulativa (http://uninomade.org/prove-conclamate-di-dittatura-finanziaria/)

Desde este punto de vista, la denuncia de la deuda ilegitima e intervenciones ad hoc sobre los mercados de capitales van de la mano. Y, como señala Chesnais, “una campaña así no puede hacerse por delegación. El pueblo griego no puede llevarla a cabo sólo por cuenta de los demás ciudadanos europeos”. A pesar del escepticismo de Chesnais sobre el euro, es Europa, y no unos estados-nación ya desmontados, quien representa el campo de batalla.


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